Obreros impugnarán nuevo incremento al salario mínimo

Por la vía judicial los obreros esperan dejar sin valor y efecto el decreto que aprueba el salario mínimo en Honduras.

El pasado domingo el gobierno fijó el salario mínimo a la clase trabajadora, en rangos que oscila del 3 al 7 por ciento, lo que originó el malestar en las centrales obreras, argumentando que el decreto beneficia más a la clase empresarial.

Lo que provocó mayor inconformidad es que el decreto es retroactivo a partir del 1 de septiembre.

Ante ello las centrales obreras definieron el camino a seguir en búsqueda de mayores beneficios salariales.

El secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH) y dirigente zelayista, José Luis Baquedano, informó que según la Ley del Salario Mínimo el aumento debió ser retroactivo desde el 1 de enero de 2010 y no como lo anunció el secretario del Trabajo, Felícito Ávila.

"Se violentó la Ley del Salario Mínimo, la ley es clara cuando dice que la aplicabilidad debe ser a partir del primero de enero, lo hicieron en septiembre", argumentó el dirigente.

La acción de amparo se interpondrá ante la Sala Constitucional, de la Corte Suprema, argumentando violación a garantías constitucionales.

Baquedano reiteró que el aumento salarial "es una dádiva, no es un reajuste y mucho menos un incremento, porque debería permitir al trabajador por lo menos tener acceso a la canasta básica".

Según el decreto, las empresas que tengan de 1 a 20 trabajadores mantendrán el salario de 5,500 lempiras mensuales en el área urbana y 4,055 lempiras en el sector rural, mientras las que tengan planilla de 20 a 50 empleados, deberán pagar un 5,665 lempiras para el área urbana y 4,166.65 lempiras en el sector rural.

Por su parte, las compañías con más de 50 empleados deberán pagar 5,886 lempiras en el sector urbano y 4,339.50 en el rural.

Impugnarán otra ley

Asimismo, los sindicalistas adelantaron acciones legales contra la Ley de Empleo Temporal que será aprobada por el Congreso Nacional.

Según Baquedano, esta ley viene a fomentar más la pobreza. "Están formando una legislación paralela al Código del Trabajo, están destruyendo el Código del Trabajo que medianamente nos garantiza derechos y que nos ha costado mucho a los trabajadores", dijo.

"Eso nos obliga a ir a presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y si aquí en Honduras no hay justicia, pues vamos a recurrir a instancias internacionales", añadió.

Las centrales obreras alegan que al distribuir la masa de empleo entre más trabajadores se deteriora el índice de ingreso per cápita de Honduras.

A su juicio, al flexibilizar el Código del Trabajo se pone en precario el empleo formal y está en riesgo la estabilidad laboral.