República Dominicana
El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, pidió a Estados Unidos "sacar sus narices" de Honduras y dejar de intimidar a sus seguidores agrupados en la denominada resistencia.
Zelaya culpó a Washington de haber "impuesto y sostener un régimen antidemocrático y tiránico por la fuerza de las armas".
En una carta enviada a sus partidarios y divulgada el viernes por el Frente Nacional de Resistencia Popular, Zelaya se pregunta: "¿Cuándo van a sacar (Estados Unidos) sus narices, sus planes de contrainsurgencia?, ¿Cuándo va a terminar la Central de Inteligencia norteamericana su intimidación, terrorismo criminal y mediático contra el Frente de Resistencia Popular?".
Dijo que "nuestro pueblo debe defenderse y aglutinarse alrededor del Frente que no permitirá, señores norteamericanos y sus mercaderes, que continúen destruyendo a nuestra patria."
En la misiva, enviada desde la República Dominicana donde se refugia desde enero, el ex mandatario afirmó que "la injerencia de Estados Unidos en nuestra patria sigue sin ser explicada, ni a nosotros ni a la comunidad internacional ni al pueblo norteamericano. Y nos seguimos preguntando: ¿Por qué el gobierno de ese paÃs sigue tratando de blanquear el golpe de Estado de 2009 en Honduras?".
Señaló además que "el FNRP sigue en una dinámica vertiginosa por refundar a Honduras, lo que nos permitirá enfrentar de manera sistemática y certera las estrategias del imperio y sus subordinados locales... y ustedes tienen las armas, pero carecen de la moral y la voluntad del pueblo de Honduras. Por esa razón, vamos a vencerlos".
Zelaya, coordinador de la resistencia, ha girado instrucciones desde el extranjero a sus seguidores para realizar constantes protestas contra el gobierno de Honduras, que preside Porfirio Lobo.
No obstante, las protestas zelayistas se han visto notablemente disminuidas en los últimos meses, mientras el ex mandatario se niega a retornar a Honduras si no se eliminan los juicios en su contra.
El ex gobernante fue destituido el 28 de junio de 2009 por el Congreso Nacional, tras un intento de derogar la Constitución de Honduras para perpetuarse en el poder.
Posteriormente fue acusado por la transferencia de 30 millones de lempiras del Fondo Hondureño de Inversión Social para el pago de publicidad y otros gastos de su fallido proyecto de consulta popular, que fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia y rechazado por diversos sectores.