CN "congelará" precio de frijol y 27 productos más

Un total de 28 productos de consumo popular mantendrán un precio fijo al consumidor final durante un período de sesenta (60) días, según una ley que será aprobada hoy por el Congreso Nacional.

Se trata de la ley contra la especulación y el acaparamiento de los productos de la canasta básica, la que fue turnada ayer al Legislativo por la Secretaría de Industria y Comercio (SIC).

La lista de precios que aparece en el proyecto será minuciosamente revisada por la comisión nombrada al efecto, ya que los diputados pidieron que se incluyera el maíz y los frijoles, cuyos precios han subido en las últimas semanas, en tanto ciertos productos aparecen con un precio más elevado que en el mercado.

El diputado nacionalista Renán Inestroza preguntó por qué en el decreto no se incluía ni los frijoles ni el maíz, cuando los mismos funcionarios del Poder Ejecutivo comprobaron el fin de semana que el producto que más está siendo acaparado son los frijoles. El congresista dijo haber recibido mensajes en los que le dicen que "es una chabacanada, una payasada lo que están haciendo".

En horas de la noche, el secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo, informó que el frijol se introducirá a 55 lempiras la medida de frijol rojo y 60 lempiras la medida de frijol negro.

Originalmente se habló de dejar fuera el frijol, en virtud de que los precios bajarán cuando la cosecha salga en unas dos semanas.

En el hemiciclo comparecieron el designado presidencial, Samuel Reyes, y el secretario por ley de Industria y Comercio, Juan José Cruz, quienes arguyeron que el precio del maíz está referido a un mecanismo de fijación acordado entre los productores y los industriales.

Por su lado, el diputado Celín Discua dijo tener informes de que muchos de los precios establecidos en el decreto estaban más altos que en el mercado nacional, por lo que pidió una revisión antes de su aprobación.

El también nacionalista Leonel Giannini se comprometió a remitir a la comisión de dictamen una lista de productos que aparecen en el proyecto con precios más altos que en el mercado.

La Comisión de Dictamen la preside el secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, acompañado por los diputados Renán Inestroza, Ramón Velásquez Názar, Marvin Ponce, Olman Maldonado y Toribio Aguilera.

El decreto que contiene nueve artículos establece que la SIC, por medio de la Dirección de Protección al Consumidor, velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el citado decreto, debiendo sancionar administrativamente, de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor, a todos aquellos proveedores de bienes y servicios de la canasta básica que infrinjan lo dispuesto en la ley.

Asimismo, contará con la colaboración de la Fiscalía de Protección del Consumidor, para todos aquellos asuntos relacionados con comisión del delito que se derive de la inobservancia de la ley.

El decreto instruye a todas las dependencias del poder Ejecutivo a que apoyen a la SIC, así como las corporaciones municipales ya sea en la asignación de personal o de recursos, equipos o vehículos.

También es creada la Comisión Interinstitucional para la Fijación y Control de los Precios de los Productos de la Canasta Básica, la que estará integrada por un representante de la Secretaría de Industria y Comercio que la presidirá; y por representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de Banasupro, del Instituto de Mercadeo Agrícola, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, de la Sociedad Civil y de la Asociación de Consumidores.

Esta comisión tendrá, entre otras atribuciones, la de proponer la fijación y control de precios de los productos de la canasta básica, valorar la calidad de los mismos, incluir o excluir del listado aquellos productos que se requiera.

El proyecto de decreto, en uno de sus considerandos, plantea que "de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor, además de las tsanciones establecidas por infracciones cometidas a la misma, se sancionará con privación de libertad de uno (1) a cinco (5) años a los que acaparen o especulen con bienes esenciales para el consumo o la salud, con el propósito de desabastecer o provocar el alza de su precio".