En abril se ordenaron desalojos en Colón

El gobierno intensificará las operaciones de seguridad en la zona del Bajo Aguán.

Los miembros de la Policía Nacional continuarán este día los desalojos, mediante órdenes judiciales, en todas aquellas propiedades que han sido invadidas por grupos campesinos en el departamento de Colón. Los desalojos obedecen a un amplio plan que se ha comenzado a ejecutar en la zona y que incluye el decomiso masivo de armas ilegales para garantizar la paz y la seguridad en el sector del Aguán.

René Maradiaga Panchamé, subdirector general de la Policía Nacional, manifestó que desde hoy se comenzarán a relevar a los efectivos policiales que han permanecido en la zona del Aguán.

"A partir de mañana (hoy) hay otro tipo de operaciones policiales que inician ya en una forma puntual sobre lo que es en sí los desalojos que están con orden judicial", manifestó Panchamé en Casa Presidencial, luego de una reunión de jefes policiales con el presidente Lobo Sosa.

Desde abril

La Fiscalía aseguró ayer que las órdenes de desalojo se emitieron desde abril, pero la Policía no las ejecutó.

"Con celeridad, tanto los jueces como los fiscales, realizamos las acciones para emitir las órdenes de desalojo. En el caso de Tocoa nos correspondió emitir las órdenes para siete fincas: La Confianza, La Concepción, Los Laureles, La Occidental, La Aurora, Camarones y Lempira. Sin embargo, dos de ellas fueron abandonadas por los invasores", manifestó la coordinadora de fiscales en Tocoa, Arody Mariela Reyes.

Las órdenes, según hace constar los expedientes, fueron giradas en abril. Las fincas desalojadas por los invasores fueron La Occidental y Los Laureles. Ambas pertenecen a Exportadora del Atlántico.

"Consideramos que es necesario que el gobierno resuelva y tome las acciones para resolver el problema agrario", manifestó la fiscal.

Entre tanto, el vocero de la operación Tumbador, subcomisario Alex Madrid, informó que ellos en el primer operativo que se llevó en la zona en el mes de abril detuvieron las acciones de desalojo porque un oficio FLTC 244-2010 girado por la Fiscalía en Tocoa, con fecha 6 de mayo, ordenaba la suspensión de los mismos.

"La Fiscalía nos solicitaba la suspensión de la ejecución de las órdenes de desalojo y de capturas giradas mediante expediente 114-2010 instruidos contra Aquilino Meza Sauceda, Agripino Ávila Meléndez y otros, por el delito de usurpación, daños y robo en perjuicio de la Exportadora del Atlántico. Nosotros solo acatamos esa disposición y por eso las órdenes no se ejecutaron", manifestó el oficial.

Se mostró una nota en la que se afirmaba que la Fiscalía conocía de una impugnación presentada por el abogado Antonio Trejo y de la cual podría desprenderse una posible nulidad de las actuaciones, por lo que debía suspenderse el desalojo.

La Fiscalía también investiga una denuncia en torno al robo de motos, las cuales son cambiadas por armas.