Auditores no avalarán corrupción del gobierno

Los auditores internos de las instituciones de Estado ya no serán "el brazo derecho" de ministros y directores para ocultar irregularidades.

Ese es uno de los objetivos del convenio de la política de control interno gubernamental que el presidente Porfirio Lobo Sosa firmó con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el martes pasado.

Los magistrados del TSC brindaron ayer una conferencia de prensa en la que explicaron los alcances de este nuevo esquema.

Esta iniciativa establece que los auditores ya no avalarán procesos de compra u otras acciones administrativas de la entidad donde laboran, sino que se limitarán a elaborar informes sobre el cumplimiento de las medidas de control interno para remitirlos al TSC.

Antes los auditores se convertían en jueces y parte porque ellos emitían, ante el jefe de la institución, estudios sobre un determinado procedimiento administrativo y luego tenían que elaborar un informe el Tribunal, lo que limitaba hacer un trabajo objetivo.

"Es lamentable decir que las unidades de auditoría no contribuyeron ni han contribuido a que los recursos públicos sean manejados como deben ser manejados, su labor ha sido casi cero", dijo la magistrada Daysi de Anchecta.

"Los auditores no serán el brazo derecho" de sus jefes, consideró la funcionaria.

Por su lado, el magistrado presidente Jorge Bográn explicó que los auditores ya no serán nombrados directamente por los titulares de las entidades, sino que el TSC les enviará una terna para que escojan al interventor.

La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (Onadici) tendrá la función de velar porque esta política se cumpla.