No se ha violentado el debido proceso a Zelaya

El Ministerio Público (MP) no violentó el debido proceso en las investigaciones conducidas contra el ex presidente Manuel Zelaya.

Producto de las investigaciones, el MP interpuso hasta la fecha, tres acusaciones contra el ex mandatario.

Los requerimientos fiscales son conocidos por el Juzgado de Letras Penal, de Francisco Morazán, quien le libró igual número de órdenes de captura. La acusación por delitos políticos fue archivada gracias a una amnistía aprobada por el Congreso Nacional (CN).

En dos acusaciones por actos de corrupción, por el despilfarro de 57 millones, dos defensores públicos solicitaron al juez Claudio Aguilar la anulación de los dos procesos por actos de corrupción, argumentando una violación al debido proceso.

"No se violentó el debido proceso, el Ministerio Público está obligado a cumplir la ley, el estado de derecho", afirmó el fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado.

Expuso que el Código Procesal Penal no obliga a la Fiscalía a llamar a un investigado para notificarle sobre el curso de la denuncia. De contar con argumentos Zelaya puede hacer uso del derecho a defensa en los tribunales, para que sea el juez quien haga sus valoraciones y emita un fallo.

Este derecho a defensa y el debido proceso está garantizado por la Constitución en sus artículos 82 y 90.

"El Ministerio Público es parte de buena fe en este proceso, actúa con principio de objetividad e imparcialidad", recalcó. Si reconoció que el derecho de petición le asiste a los defensores, aunque no comparte los argumentos expuestos en el mismo.

"Desde el punto de vista de la Fiscalía no hay posibilidad que exista nulidad alguna", expresó el fiscal. En tal sentido, la Fiscalía espera que el juez emita un fallo conforme a derecho.

Las acusaciones

En el primer requerimiento fiscal, el MP presume que el ex mandatario incurrió en delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado.

Estos delitos son considerados como políticos y comunes conexos, sobre el cual el CN decretó la amnistía.

La Fiscalía contra la Corrupción interpuso dos acusaciones más contra "Mel" por delitos ligados a actos de corrupción, que no abarca la amnistía.

En el primero, la Fiscalía contra la Corrupción supone que Manuel Zelaya es responsable de tres delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.

Según la Fiscalía, se desviaron unos 27 millones de lempiras para pagos de publicidad mediante la emisión de injustificados decretos de emergencia.

En el último requerimiento el MP le imputa falsificación de documentos públicos, dos delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración y fe pública.

El caso refiere al despilfarro de 30 millones de lempiras del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) para el pago de publicidad valiéndose de injustificado decreto de emergencia.

En total suman 57 millones los que se habrían despilfarrado, que Zelaya tendría que devolver al Estado.