Improcedente decreto de expropiación en Honduras

La Corte Suprema de Justicia declaró este martes improcedente el decreto 18-2008 que permitía la expropiación forzada de tierras al sector privado, tras un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).

El decreto, aprobado por el Congreso Nacional de Honduras y publicado el 29 de abril de 2009 en el diario oficial La Gaceta, fue creado a solicitud del gobierno del ex presidente Manuel Zelaya con el objetivo de solucionar los expedientes de posesión de unas 60 mil hectáreas por parte de campesinos.

Al conocer la determinación de la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial, representantes de grupos campesinos expresaron su inconformidad y auguraron un brote de violencia en la zona norte de Honduras.

Ramón Osorio, de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), señaló que la resolución "es inconstitucional, es antihondureña, porque eso nos deja a nosotros el sector campesino sin opción a tener un pedazo de tierra para nuestros nietos que vienen a seguirnos en la lucha".

Acusó a empresarios y autoridades de mantener un monopoliio en perjuicio de los pobres, por lo que deberá esperarse "una inestabilidad que puede generar violencia" al atrasar el proceso de recuperación de la mora de la reforma agraria en Honduras.

José Antonio Vásquez del Frente Campesino de la zona norte de Honduras aseveró que "lo que andan buscando las autoridades nuestras es que se genere más violencia en nuestro país" y que pese a la resolución de la CSJ exigirán "que se sigan entregando las tierras".

Y es que el Instituto Nacional Agrario inició en marzo de 2009 la expropiación de tierras ocupadas por campesinos por más de 30 años, aún sin el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En 2010, el INA legalizó más de 30 mil hectáreas de tierra a labriegos y entregó más de 240 títulos de propiedad, confirmó el director del organismo estatal César Ham.

Ham culpó a la CSJ de "la situación que ocurra", "la violencia que se genere" en las tierras asignadas a campesinos, "desalojos y represión".

El funcionario calificó de "injusta" la resolución que "refleja que la Corte Suprema de Justicia representa intereses de empresarios y terratenientes y no del pueblo".

Por su parte, Benjamín Bográn, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, pidió a empresarios y campesinos sentarse a reconsiderar el esquema original para dar respuesta a problemas postergados desde hace tiempo en busca de una solución a corto plazo.

"A la problemática de la tierra debe darse una solución vía el marco legal que tenemos en el país y mediante una concertación" porque "ningún país va a salir adelante quitándole a unos para darle a otros. El país va a salir adelante cuando los que están produciendo y los que tienen ganas de producir tengan los medios", manifestó Bográn.

Otros sectores como la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés sostuvo que la decisión de la Sala de lo Constitucional, aunque tardía, ayuda a despejar el ambiente de incertidumbre entre los inversionistas.