CSJ ratifica legalidad en despido de cuatro jueces

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó que las actuaciones del pleno de magistrados están apegadas a derecho, que nunca se falsificó expediente para despedir a cuatro jueces.

Las autoridades del Poder Judicial remitieron ayer al Congreso Nacional (CN) un informe en el que se sustenta el proceso legal que se siguió para el despido de los jueces Tirza Flores Lanza, Adán Guillermo López, Ramón Enrique Barrios y Luis Alonso Chévez.

El presidente del CN, Juan Orlando Hernández, dejó entrever la posibilidad de defenestrar a magistrados de la CSJ por una denuncia divulgada en Internet sobre la supuesta falsificación del expediente para el despido.

En el informe se expone que la CSJ, en la sesión de pleno celebrada el cinco de mayo de 2010 resolvió, con mayoría de votos, aprobar la recomendación de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, contraída a destituir a los cuatro jueces. Luego se conformó una comisión para que redactara los acuerdos de destitución.

El 21 de mayo de 2010 el CN solicitó a la CSJ remisión de copias de los expedientes disciplinarios, tres días mas tarde se cumplió con lo peticionado.

En acatamiento a lo resuelto por el pleno, la presidencia y la Secretaría General de la CSJ emitieron los acuerdos de destitución Nos. 346, 348 del cuatro de junio de 2010; 371 y 372 del 16 de junio de ese año. "Dichos acuerdos comprenden, en forma concreta, las causas establecidas, fundamentadas y razonadas de las resoluciones de destitución, que han sido objeto de los cuestionamientos planteados", cita el informe.

Se aclara que con el afán de dar una inmediata respuesta la CSJ remitió el 24 de mayo al CN las copias de los expedientes disciplinarios, sin incorporar las resoluciones y acuerdos de destitución que en ese entonces estaban en proceso de elaboración y revisión.

Estas resoluciones y acuerdos fueron posteriormente remitidos como anexos en respuesta a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo "que aparentemente ha generado el equívoco en torno a una supuesta falsificación de documentos", explica.

Investigación

La CSJ recuerda su facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, asimismo, la del Ministerio Público (MP), de investigar y promover la acción penal.

"Nadie está por encima de la ley; el fiscal, los magistrados, el presidente del Poder Ejecutivo y del Legislativo pueden ser investigados y juzgados de acuerdo al marco jurídico".

"Enfatizamos que todas las actuaciones, que constitucionalmente corresponden a la CSJ han sido, son y serán siempre apegadas a derecho y a los principios que forman su ética judicial, en observancia a la Constitución de la República, las leyes vigentes y los derechos humanos; nunca obedeciendo a criterios y motivaciones políticas o ideológicas de ninguna naturaleza", aseguran.

En tal sentido los magistrados exhortan al MP iniciar una investigación orientada a verificar los extremos expuestos en el informe.

"La CSJ reitera, que fiel a la promesa constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, rendida por sus miembros al asumir el cargo, jamás incurrirá en actos que pongan en precario su misión de impartir justicia con honestidad, transparencia, objetividad, imparcialidad y prudencia, ni en abusos que menoscaben la responsabilidad institucional que la sociedad, a través de sus mecanismos constitucionales, les ha confiado como responsables de velar por el sostenimiento del Estado de Derechos", concluye el informe.