Corte Suprema debe nombrar juez natural

En las próximas 48 horas se estaría informando quién será el magistrado que conocerá los juicios contra Manuel Zelaya. El juez Claudio Aguilar se presentó ayer en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia.

En esa dependencia, el juez de primera instancia entregó los dos expedientes que contienen las acusaciones por supuestos actos de corrupción cometidos en la administración de Zelaya.

La diligencia se hizo luego de que la Corte Primera de Apelaciones confirmara la resolución emitida por Claudio Aguilar de inhibirse de conocer los casos.

48 horas

Una vez que el pleno de magistrados tenga los expedientes en sus manos, en el término de 48 horas deberán nombrar a uno como juez natural. El magistrado electo deberá seguir conociendo los casos y resolver los escritos que a partir de ese momento presenten cada una de las partes. Mientras tanto, Anahín Orellana y Crosby Duarte (abogados de Zelaya) anunciaron que continuarán con la solicitud de nulidad de actuaciones hechas por el Ministerio Público en los requerimientos contra Zelaya.

Por su parte, el Ministerio Público esperará cualquier acción emprendida por la defensa. Al consultar si existían suficientes elementos de prueba en contra del ex mandatario, afirmó el fiscal Edgargo Orellana que "cuando el Ministerio Público presenta una acusación es porque tiene los elementos probatorios para conseguir una resolución en contra del imputado".

Acusaciones

Manuel Zelaya Rosales es acusado por la Fiscalía contra la Corrupción por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y falsificación de documentos en perjuicio de la administración pública.

Una de las acusaciones es por el desvío de 27 millones de lempiras de las arcas de Casa Presidencial. El otro requerimiento es por la contratación directa de empresas de publicidad por un monto de 30 millones de lempiras.

El dinero fue sacado del presupuesto del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis). Con esta contratación directa se habría violentado la Ley de Contratación del Estado. A más de un año de haber sido presentadas las acusaciones, la Procuraduría General de la República presentó un recurso de personamiento para actuar en su condición de víctima y acusador a la vez.

Después de esa diligencia judicial pidió que se nombraran defensores públicos a favor de Zelaya, los cuales solicitaron que se anulara las acusaciones en contra de su defendido. Con esta acción interpuesta, el juez Claudio Aguilar resolvió inhibirse de conocer los casos, por lo que la PGR presentó un recurso de apelación pidiendo la nulidad de todas las acciones emprendidas por ellos y los defensores de "Mel".