Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó un pliego de responsabilidad civil en contra de Luis Gustavo Lara Godoy, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
El reparo se aplica por actuaciones ejercidas como docente de educación media.
La notificación de la responsabilidad la hizo el ente contralor en forma pública.
"Luis Gustavo Lara Godoy identidad No. 0703-1960-00801: Instituto Técnico Honduras, municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, del Pliego de Responsabilidad Civil No. 098-05-2008-DA, en el que se le deduce Responsabilidad Civil por Ciento Catorce Mil Ochocientos Treinta y Tres Lempiras con Veininueve Centavos (114,833.29)", cita la notificación del TSC a la que tuvo acceso EL HERALDO.
El reparo forma parte del paquete de notificaciones que semanalmente notifica en legal y debida forma el TSC, sobre irregularidades detectadas en auditorías efectuadas al sistema educativo público.
Esto en razón a pagos de salarios a unos 15,000 docentes sin sustento legal, que ocasionó un despilfarro por 1,380 millones de lempiras.
En la investigación denominada Censo y Auditoría de Puestos y Salarios del Recurso Humano Docente del Sistema Educativo Nacional, se concluye en la comisión de anomalías, como pagos de colaterales sin base documental, pagos por días no trabajados y duplicidad de plazas.
A la fecha se han notificado unos 1,200 maestros, de estos un 20 por ciento admitió que recibieron pagos sin merecerlo, por lo que solicitaron arreglos de pago para devolver las sumas. En lo que se refiere a Lara, el ente contralor no especifica por qué razón fue reparado.
Por disposición del gobierno de Porfirio Lobo Sosa se nombró una comisión interventora en el Inprema. Antes se había adoptado la decisión de separar del cargo a Lara y otros mandos intermedios, resolución que al parecer no fue notificada.
Defensa
En base a derechos que concede la Constitución, el TSC da un plazo para que Lara y los demás docentes reparados expongan sus argumentos de defensa. Se informa que los notificados tienen un término de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación, para proceder a impugnar sus respectivos pliegos, en caso de no estar de acuerdo con los mismos o efectuar el pago correspondiente en la Tesorería del ente contralor, cita la notificación firmada por Alva Rivera, secretaria general del TSC.