Mil millones recibe dirigencia magisterial

Los entes contralores y fiscalizadores del Estado no están facultados para auditar los fondos que manejan los seis colegios magisteriales.

Al menos 82 millones mensuales perciben los seis colegios magisteriales por concepto de aportaciones de unos 99,000 afiliados.

Esto se traduce en unos 984 millones de lempiras al año, cifra impresionante de la cual no se rinde cuentas.

De acuerdo con las indagaciones de EL HERALDO, el Colprosumah tiene 39,455 afiliados que aportan al mes 44.9 millones (540 millones al año).

El Copemh tiene 13,824 afiliados que aportan 9.5 millones al mes (114 millones al año).

El Sinprodoh tiene 14,522 afiliados que aportan 8.1 millones al mes (98.4 millones al año).

El Pricphma tiene 13,720 afiliados que aportan 8.1 millones al mes (97.3 millones al año).

El Coprumh tiene 13,510 afiliados que aportan 7.6 millones al mes (85.2 millones al año).

El Colpedagogosh tiene 4,959 afiliados que aportan al mes 3.9 millones (unos 48 millones al año).

La cuota mensual de cada maestro a un colegio magisterial oscila entre 350 y 450 lempiras.

Los dirigentes solo rinden informes privados a los maestros en las asambleas, sin embargo, no hay nadie que cuestione estas auditorías.

De manera que los seis colegios magisteriales tienen libertad de manejar a sus anchas los casi 1,000 millones de lempiras que reciben cada año y de forma puntual son transferidos por el gobierno.

Sin dar cuentas

Autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Fiscalía contra la Corrupción afirmaron a EL HERALDO que están limitadas en las auditores a estos gremios.

Se afirma que el ente contralor no puede auditar ya que las aportaciones que hacen los docentes son consideradas de tipo privado. No hay facultades, dijo la magistrada del TSC, Daisy de Anchecta.

En la Fiscalía contra la Corrupción se expuso que son los docentes quienes aprueban o desaprueban el buen manejo de los fondos.

Explicaron que detectar las anormalidades es deber de los maestros cuando asisten a las asambleas para conocer los estados financieros.

En caso de haber dudas sobre el manejo transparente de los fondos, los docentes pueden proponer en la asamblea que se contrate una auditoría privada. De existir irregularidades sí se podría interponer una denuncia ante el MP para que se proceda ante los juzgados.

Dirigencia avaló

En un comunicado, el TSC evidencia que la misma dirigencia magisterial avaló la auditoría de puestos y salarios efectuada en el sistema educativo público.

El ente contralor salió al paso de "versiones manipuladas de algunos dirigentes magisteriales" que acusan al TSC de realizar una persecución al notificar a 15,196 docentes pliegos de responsabilidad civil.

En 2007 el TSC inició una auditoría del sistema educativo nacional (censo, puestos, salario, zonaje, colaterales y otros) como consecuencia del contenido del pacto denominado "Acta especial, propuesta salarial y programa de ajuste social y de la calidad educativa (Pasce)", suscrito entre el gobierno y la dirigencia magisterial el 12 de agosto de 2006.

El decreto ejecutivo PCM-35-2006 fue firmado por el entonces presidente Manuel Zelaya, sus ministros y dirigentes magisteriales, entre ellos Edwin Oliva, del Colprosumah; Alejandro Ventura, por el Pricphma; Fanny Álvares, del Sinprodoh; Rosa Bautista, del Coprumh; y Sergio Rivera, del Copemh.

Los informes fueron notificados a los ex ministros de Educación Marlon Brevé y Santos Sosa. Desde septiembre de 2006 inició la notificación de pliegos de responsabilidad civil a 15,196 maestros involucrados en pagos irregulares que ascienden a unos 1,377 millones de lempiras. A la fecha se han notificado unos 1,200 maestros.

El TSC, como ente contralor de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa, "es sometido solamente al cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes", cita el comunicado.

Proyectos no tocan estatutos ni academia

El proceso de descentralización de la educación, que promueve el gobierno a través de la Secretaría del Interior, y la Ley de Incentivos a la Participación Ciudadana para el Mejoramiento de la Calidad Educativa, que discute el Congreso Nacional, no abordan para nada el Estatuto del Docente.

"Ninguno de los dos toca el Estatuto ni toca temas de privatizar la educación, ni manejar el tema de los salarios de los maestros, ni el aspecto académico", dijo el ministro del Interior, Áfrico Madrid.

Recordó que la ley que discute el Congreso solo busca crear las condiciones para la participación de los padres de familia.

La descentralización educativa "busca trasladar a las alcaldías el manejo de la matrícula gratis, el bono escolar, los recursos para construir centros".