Estados Unidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) casos relacionados con la masacre de un millar de personas en El Salvador, la muerte de un centenar de reclusos en Honduras y las agresiones sufridas por un periodista en Colombia, se anunció ayer.
La CIDH acusa al Estado salvadoreño de no haber esclarecido ni sancionado la muerte de un millar de personas cometida entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 durante un operativo militar en siete localidades del departamento de Morazán.
Las masacres, cometidas de manera indiscriminada y con extrema crueldad, "tuvieron lugar durante el perÃodo más cruento de las operaciones de ‘contrainsurgencia’ desplegadas de manera masiva contra civiles por el ejército salvadoreño durante el conflicto armado, en abierto desconocimiento de los principios más básicos que inspiran el derecho internacional", aseveró la CIDH en el expediente del caso 10.720.
En el caso 12,680, la CIDH sostuvo que las autoridades hondureñas conocÃan las deficiencias estructurales que desataron la muerte de 107 reclusos en el centro penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004, en un recinto inseguro e insalubre, lo que "se enmarca en el contexto general de las polÃticas de seguridad pública y las polÃticas penitenciarias dirigidas a combatir a las maras (pandillas)".
Además, los cuatro jueces que fueron destituidos por violar la ley e inmiscuirse en asuntos polÃticos también presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los ex jueces Guillermo López, Ramón Barrios, Luis Alonso Chévez y Tirza Flores Lanza (hermana de Enrique Flores Lanza), quieren restitución.
El caso colombiano se relaciona con el ataque de soldados a Luis Vélez Restrepo el 29 de agosto de 1996 mientras el periodista filmaba a otros uniformados golpeando a manifestantes.
Vélez abandonó Colombia en 1997 tras recibir amenazas de muerte y un intento de secuestro, hechos que se mantienen impunes porque el Estado no investigó debidamente para identificar y castigar a los responsables. La CIDH remitió los tres casos a la Corte IDH durante el mes de marzo porque consideró que los Estados no cumplieron con sus recomendaciones.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.