CIDH admite expediente sobre jueces destituidos
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Honduras
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de cuatro jueces que fueron despedidos por la Corte Suprema de Justicia.
En mayo de 2010 los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza fueron destituidos por las autoridades del Poder Judicial argumentando que violentaron la Ley de la Carrera Judicial, por ejercer acciones relacionadas a la crisis del 28 de junio.
Entre ellas participar en manifestaciones públicas de carácter político en contra de lo que ellos denominan un golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del ex presidente Manuel Zelaya. La separación del cargo fue impugnada, pero la resolución fue ratificada por el pleno de la CSJ.
La petición 975-10, hecha por Adán Guillermo López Lone y otros, aparece en el listado de informes de admisibilidad.
En un comunicado la CIDH anunció que el caso cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por tanto continuará estudiando la petición que fue presentada el 5 de julio del 2010 por la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Para debatir la admisibilidad del caso ambas organizaciones participaron en una audiencia pública, celebrada el pasado 25 de marzo, durante el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana.
La petición presentada por la AJD y el Cejil denuncia la violación de varios derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la libertad de asociación y al derecho a la protección judicial. La CSJ remitió al organismo internacional un informe relacionado al tema.
La AJD y el Cejil celebraron la decisión de la Comisión Interamericana y afirman que continuarán impulsando el trámite de este caso que busca la restitución de los funcionarios judiciales en sus puestos.
El caso de los jueces despedidos es el primero que la CIDH admite sobre hechos relacionados al 28 de junio.
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