Injupemp acepta demolición si alguien absorbe pérdidas

El Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) acepta la demolición de las cinco mil casas que conforman el fracasado proyecto de Ciudad Mateo si alguien se compromete a pagar las pérdidas ocasionadas a la institución.

El titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Rigoberto Cuéllar, propuso en Casa de Gobierno la destrucción de este proyecto, símbolo de la corrupción, para dar paso a la reforestación de la zona, indispensable para ejecutar la represa Guacerique II.

La subdirectora de Injupemp, Martha Doblado, dijo a EL HERALDO que no ha habido ninguna conversación institucional sobre una eventual demolición de Ciudad Mateo, proyecto que consta de cinco mil viviendas que costaron, hace más de quince años, unos 400 millones de lempiras.

Esa cifra, seguramente, es mucho más alta por la indemnización a que fue obligado el Estado a pagar a las compañías constructoras más el costo de los juicios que se ventilaron en los juzgados.

A juicio de la subdirectora de Injupemp, "no ha habido ningún tipo de coordinación, ni siquiera alguna reunión donde el asunto (la demolición) sea tratado".

La última reunión sobre el tema de Ciudad Mateo fue desarrollada el año pasado en el Congreso Nacional, convocada por el presidente de este poder del Estado, Juan Hernández, quien nombró una comisión con la finalidad de estudiar la probable habilitación de las casas. Dicha comisión al final recomendó que el complejo residencial no es habitable.

Si las instituciones involucradas en el tema de Ciudad Mateo, como La Serna, la Fiscalía, la Alcaldía Municipal y el Injupemp (propietario del inmueble) concluyen que hay que demoler las casas, pues se hará.

"Obviamente, antes de que haya una demolición tiene que haber una aprobación por parte de la Junta Directiva y alguien que pague los costos, no solo de la demolición, para resarcir al Instituto de la propiedad lo que estaría perdiendo", afirmó la subdirectora.

"Injupemp -añadió- no podría oponerse si esto es lo más conveniente para el país desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de los aspectos de necesidades de agua y de la necesidad de construir una represa".

La funcionaria sugirió un avalúo del bien inmueble en el que se deberán tomar todos los aspectos, incluyendo los jurídicos.

El avalúo tendría que ver "con el terreno, con las instalaciones que hay, en el estado en que se encuentran, así como también considerar otras variables que también impactarán".