Honduras
La nulidad de las dos acusaciones por corrupción contra el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, va camino a adquirir el carácter de firme.
El fiscal general Luis Rubí anunció ayer que el Ministerio Público (MP) no interpondrá un recurso de amparo contra la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones, designada por la Corte Suprema de Justicia, de anular las dos acusaciones a partir de que fueron admitidas en el Juzgado Penal.
La decisión de desistir de interponer el amparo se dio a dos días de que el MP se notificara del fallo que declaró sin lugar un recurso de reposición de la nulidad de los requerimientos fiscales. Según la Ley sobre Justicia Constitucional, el ente acusador del Estado tiene 60 días para presentar la demanda de amparo ante la Sala Constitucional, pero la decisión ya está adoptada.
"El Ministerio Público no va a hacer uso del recurso de amparo; vamos a acatar el fallo de la Corte de Apelaciones y a continuar con lo que se nos está ordenando, que es subsanar lo que de acuerdo a la Corte de Apelaciones (no está en base a ley), y vamos a continuar con el procedimiento establecido en la ley", informó Rubí tras asistir ayer a los actos de clausura del evento Honduras is Open for Business, celebrado en San Pedro Sula.
"Desde hoy (ayer) hemos dado las instrucciones a los fiscales que llevan el caso para que no presenten recurso de amparo", añadió.
El pasado miércoles, el fiscal general dijo que el MP haría un estudio a profundidad para decidir si presentaban la demanda de amparo, como último recurso para que las acusaciones interpuestas siguieran su curso normal. Al parecer se pretende dar un mensaje a la comunidad internacional sobre la firmeza de la nulidad de las acusaciones de Zelaya, para que Honduras sea reincorporada a la OEA en la asamblea que este organismo celebrará en San Salvador, del 5 al 7 de junio.
"Hacer uso de un recurso de amparo significaría ir en contra de las reglas de la economía procesal y hay más imputados que obviamente continuaríamos con el juicio y el Ministerio Público no se delimita y confirma su posición de ser apegado a derecho", manifestó. Enseguida aseguró que se continuará combatiendo la impunidad.
Zelaya es acusado por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la fe y administración pública, por el despilfarro de 57 millones de lempiras. Estos requerimientos fueron interpuestos el 30 de julio de 2009 y el 24 de febrero de 2010.
Subsanar
La Corte de Apelaciones resolvió anular las dos acusaciones con el argumento de que a Zelaya se le violentó el derecho de defensa, al ser interpuestas las acusaciones cuando se encontraba fuera del país, contra su voluntad. Con la nulidad, el ex mandatario podría retornar al país sin ser requerido por la ley. Al quedar firmes las nulidades, el MP podrá subsanar los señalamientos en la etapa investigativa, para replantear las acusaciones contra Zelaya. Lo que ordena el fallo "es que se cumpla; si se sometió algún procedimiento inadecuado, pues que lo reiniciemos, y eso va a dar lugar a que el Ministerio Público, sin limitación alguna, ejercite las acciones una vez que el fallo quede firme", indicó.
"Respetaremos la decisión de la Corte de Apelaciones y seguiremos sustanciando las pruebas para continuar con los procedimientos", expresó el fiscal general. Expuso que tras un análisis se llegó a la conclusión de que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones no limita al MP en cuanto a continuar las investigaciones contra Zelaya, por estos casos. "Lo que nos ordena el fallo es continuar con las investigaciones, sustanciarlas y continuar con los procedimientos que manda la ley", reiteró Rubí.
El fiscal especial de Defensa de la Constitución, René Mauricio Aceituno, dijo a EL HERALDO que el jueves le fue turnado el expediente del caso para analizarlo y proponer si ameritaba acudir en amparo. Sin embargo, por medios de comunicación conoció el anuncio de su superior sobre el desistimiento. Sin embargo, dijo que comenzará el estudio del expediente hasta recibir una instrucción oficial que diga lo contrario.
Feliz coincidencia
El asesor legal del MP, Rigoberto Espinal Irías, dijo que no existe causal que legitime al ente acusador del Estado a interponer el amparo. Explicó que con lo resuelto no le causa daño al MP, que no violenta el debido proceso. Por tanto, dijo que es correcta la decisión de Rubí de no hacer uso de este recurso. "Somos, como dicen por ahí, felizmente coincidentes en esta decisión, que espero conocerla oficialmente", dijo el asesor. Expuso que los requerimientos fiscales presentados se encuentran enmarcados en los fundamentos y procesos, que la situación de Zelaya es especial ya que se encuentra ausente involuntariamente del país.
Por lo tanto, se le está dando la oportunidad de participar en la investigación preliminar.
Por tanto, el MP continuará con los requerimientos que están con vida procesal: de llegar "Mel" al país se le pedirá que haga uso de su derecho de defensa, aportar pruebas; las evidencias serían aportadas al juez competente para reactivar las acusaciones.
PGR definirá posición
La otra parte interviniente en el proceso, la Procuraduría General de la República (PGR), aún no define una posición sobre interponer o no un amparo.
"Hoy por hoy no hemos recibido instrucciones de preparar ningún recurso de amparo, quizás la otra semana ya sabríamos si se va a estudiar un amparo o desistir; esa decisión ya es de la procuradora general (Ethel Deras)", dijo a EL HERALDO el procurador Francisco Pérez.