Corte deberá emitir opinión sobre reformas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitirá una opinión jurídica referida a si son o no viables, legalmente, las reformas que promueve el Congreso para combatir la delincuencia.

El Poder Legislativo inició la discusión de reformas a la Constitución de la República y al Código Procesal Penal, entre ellas la intervención telefónica y ampliar el término de 24 a 48 horas para poner a la orden de los tribunales a un sospechoso aprehendido en la supuesta comisión de un delito.

En vista de que las reformas refieren al ámbito de la competencia de la CSJ de administrar justicia, se deviene obligado este poder del Estado a emitir una opinión ilustrativa al Congreso.

El Congreso Nacional solicita a la CSJ una opinión jurídica, en este caso será la Sala Penal la encargada de elaborarla, para luego remitirla al Legislativo para ser conocida por los diputados, manifestó el portavoz oficial de la CSJ, Danilo Izaguirre.

"La opinión de la Corte es para evitar a futuro cualquier violación a las leyes o que aparezca alguien interponiendo acciones de inconstitucionalidad", expresó.

Los tres magistrados que integran la Sala Penal estudiarían los alcances de las reformas para determinar en un dictamen si estas contravienen aspectos enunciados en la Constitución de la República, tratados o convenios internacionales ratificados por Honduras.

"El Congreso tiene la potestad (de aprobar leyes), pero tiene que solicitar una opinión a la Corte Suprema de Justicia", indicó el vocero. Esta opinión no es vinculante a lo que puedan resolver los diputados, aclaró Izaguirre. Por el momento el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, no tiene conocimiento de los alcances de las reformas que discuten los diputados.

En tal sentido, Izaguirre expuso que el Poder Judicial está a la espera de que el Legislativo les remita la notificación para emitir el dictamen jurídico, en un tiempo prudencial.

A juicio de organismos de derechos humanos, el permitir intervenciones telefónicas no autorizadas por un juez y extender el término para poner a la orden de los tribunales a un sospechoso detenido es un atentado a la Constitución y a convenios internacionales.

Se argumenta que violenta derechos fundamentales, como la inviolabilidad de las telecomunicaciones, la intimidad, el honor, la propia imagen y la libertad.