Honduras
El expediente del soborno de la empresa Latinode a exfuncionarios continúa abierto.
Así lo aseguraron autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción a EL HERALDO.
El pasado miércoles el ejecutivo de Latinode Jorge Granados, colombiano, confesó ante un tribunal federal de Miami haber autorizado el pago de sobornos a exfuncionarios zelayistas.
Se estima que unos 10 millones de lempiras se pagaron en sobornos. El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, dijo que se están deduciendo responsabilidades al que soborna y al que recibió el dinero.
"Se confirma que son ciertas las acusaciones que el Ministerio Público ha incoado en los tribunales, que hubo miembros de Latinode que sobornaron a funcionarios hondureños", indicó.
De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se sobornaron a funcionarios hondureños denominados como A, B y C.
Retorno a OEA
En octubre pasado, el fiscal Luis Rubí y Henry Salgado viajaron a EUA a solicitar al Departamento de Justicia una asistencia en el envío de las pruebas que restaban, las que no se remitieron por la crisis política.
La petición de asistencia judicial se hizo invocando la Convención Interamericana contra la Corrupción, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA). En vista de que este organismo no reconoce a Honduras se paralizó el trámite de envío de la información.
Salgado confía en que si Honduras retorna a la OEA se enviarán las evidencias. El MP tendría acceso a documentos a los que, por razones de investigación, no se tenía acceso.
"Esta información es importante para seguir deduciendo responsabilidades a las personas que están vinculadas, entre ellos el funcionario A", expresó.
Acusados
Tras que el Departamento de Justicia de EE UU revelara en abril de 2009 un informe sobre el soborno, el Ministerio Público (MP) acusó, en junio de ese año, a cinco sospechosos.
Se acusó al exgerente de Hondutel Marcelo Chimirri, por cohecho, fraude y abuso de autoridad. Fue capturado en julio de 2009 y luego liberado al pagar una fianza.
Su causa fue elevada a juicio oral y público. Es el funcionario B que cita el informe del Departamento de Estado.
La Fiscalía acusó, además, al exgerente Jorge Rosa, por cohecho y fraude.
La Corte de Apelaciones confirmó el auto de prisión por cohecho y fue sobreseído por fraude. Se defiende en libertad.
Asimismo, el MP acusó al exgerente Jacobo Lagos, por fraude. Tras dictarle el auto de prisión, la Corte de Apelaciones instruyó al Juzgado Penal aplicarle un sobreseimiento definitivo.
El cuarto imputado es Óscar Danilo Santos, exasesor legal de Hondutel, por abuso de autoridad, fraude y cohecho. Tiene auto de prisión y la causa fue elevada a juicio oral.
Santos es considerado el funcionario C, guarda prisión por otra causa, por espionaje telefónico.
Finalmente, la fiscalía acusó al exasesor legal Julio Flores, por violación a los deberes de los funcionarios. Se le dictó auto de prisión con medidas sustitutivas.