Pagan 700 millones por despidos injustificados

En cada cambio de gobierno se estila despedir empleados para contratar activistas políticos, los que al no respetarse el marco legal generan despidos injustificados y pago de demandas millonarias.

"Esto ha sido un fenómeno que siempre se ha presentado por los cambios de gobierno, luego los despidos son definitivamente injustos y consecuentemente el Estado asume las obligaciones laborales", dijo a EL HERALDO el magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema, Víctor Manuel Martínez.

"Las demandas se convierten en varios millones de lempiras que deberían ser destinados más bien a programas de asistencia social", indicó.

Sin contar con datos precisos, dijo que podría rondar los 700 millones de lempiras el pago de demandas cada cuatros años, lo que corresponde a un período presidencial.

"Generalmente, los despidos son injustificados, porque no se ha seguido el debido proceso en la parte administrativa o en los contratos colectivos", recalcó.

"Los culpables son indudablemente las personas que no quieren observar la ley, de la misma manera ocurre en el sector privado", indicó.

Encuentro laboral

En el país se han acordado una seria de compromisos conducentes a mejorar la administración de justicia en esta materia.

En un hecho histórico, Honduras es sede del Primer Encuentro de Salas Laborales de Centroamérica y el Caribe, inaugurado ayer en Roatán.

En el cónclave se conocerán experiencias de los países miembros tendientes a aplicar reformas a leyes laborales.

Asimismo, se conocerá la experiencia colombiana y española para valorar aportes y adaptarla a la legislación laboral en cada país de la región. "Lo que queremos con este encuentro es analizar y escuchar todos los procesos de reforma laboral que se están llevando a cabo en el área", informó la magistrada Rosa de Lourdes Paz, coordinadora de la Sala Laboral hondureña.

Lo que se busca es armonizar leyes laborales para garantizar una justicia respetando el debido proceso, brindarla de manera pronta y expedita. "Con la experiencia de países hermanos podremos iniciar un proceso de reforma y socialización amplia para emitir un nuevo Código Procesal Laboral", dijo.

El propósito es resolver de manera oportuna conflictos laborales, con trato equitativo, es un reto ante la apertura de nuevos mercados. Se promueven soluciones alternas de conflictos, como la conciliación entre las partes.

Unos 700 millones de lempiras eroga el Estado en cada período presidencial por concepto de demandas laborales.