Investigan malversación en gobierno de “Mel”

La Fiscalía contra la Corrupción conduce una investigación orientada a determinar responsabilidades penales por el despilfarro de 20 millones de lempiras en el gobierno de Manuel Zelaya.

Recientemente, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó una auditoría que concluye en hallazgos de indicios de responsabilidad penal. Según los hechos, mediante Acuerdo Ejecutivo número 004-2008 de fecha 30 de mayo de 2008, firmado por el entonces presidente Zelaya y ministro de Defensa, Arístides Mejía, se acordó autorizar una contratación directa de trabajos artísticos o técnicos especializados en el área de publicidad. Para ese efecto, en enero de 2009, Finanzas efectuó una transferencia a la cuenta de Defensa por 20 millones de lempiras. Según el informe, dicho proceso violentó la Ley de Contratación del Estado.

A los tribunales

El TSC remitió el informe al Ministerio Público para que proceda incoando acusaciones ante los tribunales.

Una investigación iniciada por la Fiscalía contra la Corrupción confirmará lo establecido por el ente contralor. La auditoría técnica contable conduce al hallazgo de un delito. "Con ese traslado de fondos puede incurrir en un delito de malversación de caudales públicos y en este sentido, nosotros vamos a hacer la investigación, confirmar desde el punto de vista forense si realmente esta conducta se subsume en el tipo penal", dijo el fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado. El traslado millonario de cuentas bancarias es un tipo de malversación, se investigará otra referida a si existe apropiación irregular del dinero por parte de algún funcionario.

"Lo importante es que el Tribunal lo haya determinado desde el punto de vista de la auditoría forense, que hay una irresponsabilidad de estas personas, nosotros lo vamos a confirmar", indicó. La Fiscalía asegura que se hará una investigación objetiva y para determinar si se acusa a alguien, sin importar quien sea. "En ese estudio determinaremos si existe la posibilidad material de ejercer la acción penal pública", concluyó Salgado.