Conflicto ha dejado un muerto cada 21 días

En el Bajo Aguán ha fallecido una persona cada 21 días desde que estalló el conflicto por la tenencia de la tierra, sin que las partes involucradas -gobierno, campesinos y terratenientes- hayan sido capaces de darle prioridad a la vida humana y solucionar uno de los problemas agrarios más complicados de la última década.

Las expectativas que se crearon previo a la firma del Acta de Compromiso entre el gobierno y los campesinos, el 13 de abril de 2010, al final resultaron falsas.

Ni el gobierno ni el empresario de la palma africana, Miguel Facussé, han cedido en sus posiciones, mientras la sangre sigue corriendo en una de las zonas más fértiles que tiene el país.

Entre tanto, suman las ocupaciones de otras fincas propiedad de nuevos actores: los terratenientes René Morales y Reynaldo Canales, quienes, junto al diputado nacionalista Oscar Nájera, poseen grandes extensiones de tierra que pasan de los techos admitidos por la Ley de Reforma Agraria, según denuncias de los campesinos.

El sábado apareció muerto uno de los guardias al servicio de Morales, mientras que el domingo por la mañana tres campesinos, incluyendo al líder de una de las cooperativas, también perdieron la vida a manos -supuestamente- de vigilantes al servicio de los empresarios.

Estas cuatro personas fallecidas se suman a las 21 que ya habían muerto por la misma causa en la zona, en circunstancias similares.

Al 17 de agosto del año pasado ya habían perdido la vida 16 personas (11 labriegos y 5 guardias). El 15 de noviembre de ese mismo año, otros tres campesinos cayeron abatidos a balazos en la finca Tumbador, en las inmediaciones de Trujillo. Hasta ahí, el fatal recuento era de 21 muertos.

Con los cuatro que murieron en circunstancias parecidas el fin de semana, las estadísticas se disparan a 25: 16 son campesinos y nueve guardias de seguridad.

Aun con este doloroso resultado, que parece no hace mella en las partes involucradas, autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) y representantes del empresario Miguel Facussé se culparon mutuamente ayer de intransigentes.

El acuerdo del 13 de abril del año pasado marcaba el inicio de un proceso de negociación entre el INA y Facussé para concluir con la compraventa de 3,200 hectáreas en poder de los campesinos (Facussé dice que son 4,000), pero no se han puesto de acuerdo en el precio.

El Ina dice que hay acuerdos en las primeras cuatro fincas, pero no en las dos que están en la zona urbana de Tocoa, que suman unas 800 hectáreas y Facussé pide medio millón por cada una.

"En un proceso de compraventa no es que la persona va a vender al precio que ella quiera, para eso hay una ley del Congreso Nacional que establece el procedimiento del justiprecio. Nosotros no podemos comprar tierras fuera de ese valor. Es imposible porque eso va a ser reparable y se van a deducir responsabilidades... no solo este servidor, sino que también al presidente de la República", dijo el director del INA, César Ham.

Róger Pineda, responsable de las finanzas de Facussé, consideró como "irrisoria" y "fuera de la realidad" la propuesta de compra del Ina de las tierras ocupadas.

"Firmemos el día de hoy en base al acuerdo de precio que teníamos en diciembre", desafió el ejecutivo".

El comisionado Julio Roberto Benítez Ávila, jefe regional de la Policía en Colón, dijo que -por lo menos ayer- la zona estaba bajo control policial.

No precisó si hay personas capturadas por las cuatro muertes del fin de semana. Por su parte, David Cruz, del Muca, dijo: La zozobra sigue en pie. "No podemos pedir auxilio a la policía porque no lo recibimos, vemos que no hay un control imparcial de la policía".

Si no hay acuerdo, viene decreto de expropiación

El director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, adelantó ayer que en última instancia el gobierno remitirá al Congreso Nacional un decreto de expropiación de tierras en el Bajo Aguán para ponerle fin al conflicto.

De fracasar las negociaciones con Facussé, y con los otros inversionistas a quienes el INA investiga por supuesta posesión de sobre techos, se aplicará la Ley de Reforma Agraria, que prohíbe un techo superior a las 300 hectáreas.

"Hemos estado hablando de comprar la tierra, pero ante esta situación que se ha dado también tenemos que explorar la vía de cómo resolver los también problemas de algunas colonias, que es expropiación con fines de utilidad pública", afirmó Ham.

"En ese sentido", añadió, "tendrá que procederse de acuerdo a un decreto legislativo, esto es lo que puede seguir, a esto no se le puede dar más largas", dijo el funcionario.

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