Gobierno dice tener una solución para Bajo Aguán

Fuentes del Gobierno indicaron que el conflicto agrario del Bajo Aguán está por solucionarse en función de los intereses de los campesinos y de los terratenientes que han tenido una confrontación en los últimos años, lo que ha generado más de veinte muertos, entre labriegos y guardias de seguridad.

El titular del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, fue llamado de urgencia a la sede del Ejecutivo por el presidente Porfirio Lobo Sosa, pero no trascendió el resultado de este encuentro.

Ham reveló, antes de ingresar a la Casa de Gobierno, que fue llamado por Lobo Sosa "para ir puntualizando algunas situaciones que nos permitan resolver de manera definitiva" el conflicto que data desde hace año y medio.

El designado presidencial Samuel Reyes, comisionado por el mandatario para negociar con los agroindustriales, cuyas fincas están en poder de los campesinos, resaltó que hay dos vías para solucionar el conflicto: la vía negociada con los propietarios de las tierras o la expropiación a través de un decreto legislativo.

Diálogo

Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, dijo que si bien es cierto que la ley faculta al Estado expropiar las tierras, en lo particular no cree que esa sea la solución.

"Seguimos privilegiando la vía del diálogo, del entendimiento, pero sabemos que esa negociación es sobre la base de situaciones objetivas, justas, que no se pretenda enriquecerse en demasía, sino que todos podamos poner un granito de arena", dijo el director del INA.

El conflicto del Bajo Aguán se desarrolla en dos escenarios. Por un lado, unas 3,500 familias del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) ocupan siete fincas propiedad del empresario Miguel Facussé: Marañones, Isla Número Uno, Isla número Dos, La Confianza, La Aurora, Lempira y Concepción.

El empresario, según su última propuesta, solo está en disposición de vender cuatro fincas a 135 mil lempiras negociados con el gobierno (Isla Uno, Isla Dos, Aurora y La Confianza).

La finca Marañones, de 399.98 hectáreas, queda por fuera "para que sea entregada a la cooperativa de empleados del Grupo Dinant y los empleados que han perdido y aquellos que seguramente perderán sus puestos de trabajo por esta decisión".

Las fincas Lempira y Concepción, ubicadas en las cercanías de Tocoa, y que estaban en venta a 400 mil lempiras la hectárea, ahora ya no están en venta. Esto implica que los campesinos deberán desalojar tres fincas.

La propuesta de Facussé fue inmediatamente rechazada por el gobierno mientras que los campesinos no están dispuestos a devolver las fincas.

El otro escenario es el protagonizado por el empresario René Morales y unas 350 familias del Movimiento Reinvindicador Campesino del Aguán (Marca), formado por disidentes del MUCA que no quisieron firmar el acuerdo de abril de 2010 y fueron a ocupar otras fincas.

El director del INA suscribió un acuerdo con el Marca el 25 de mayo del corriente mediante el cual los campesinos se comprometían a devolver cinco de las seis fincas ocupadas (La Trinidad, Despertar, Buenos Amigos, Guanchías Uno y Guanchías Dos) y reubicarse en la San Esteban, propiedad del mismo inversionista Morales.

Sin embargo, en un comunicado enviado el domingo a EL HERALDO, Morales se quejó que los campesinos solo habían desalojado La Trinidad "pero las áreas de mayor extensión comprendidas en las fincas Guanchías, Buenos Amigos y El Despertar se mantienen tomadas".

Morales acusó a Ham de haber suscrito un acuerdo "unilateral" con Marca, sin haberlo tomado en cuenta a él.

"El gobierno no tiene que pedirle permiso a ningún empresario, a ninguna persona para suscribir acuerdos con los campesinos para solventar la crisis agraria", dijo Ham.

Aseguró que las fincas ya fueron devueltas, a excepción de Guanchías, "donde hay personas particulares que no son miembros de Marca". No precisó si son campesinos.

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