"Al perro más flaco se le pegan las pulgas": Álvarez

Continúa la confrontación entre varios sectores de Honduras por la polémica propuesta de imponer una tasa especial de seguridad, que servirá para el combate de la criminalidad en el país.

Esta vez quien se pronunció en contra de la medida fue el alcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, quien ve amenazado el ingreso que la comuna percibe por parte de la empresa privada a través de la tasa de seguridad municipal.

Según el edil, si el Congreso Nacional decide eliminar ese tributo que actualmente recibe del sector privado, para destinarla a la tasa especial que busca el ministro de Seguridad, se estará “castigando” al pueblo, pues es quien se ve beneficiado con la labor de la policía municipal en el casco histórico de Tegucigalpa y Comayagüela.

Al respecto, Álvarez expresó que “al perro más flaco se le pegan las pulgas”, dijo que “quieren chuparnos lo poquito que nos pagan, que son cerca de 17 millones al año”.

Aseguró que no se opone a que el ministro de Seguridad busque las formas cómo hacerle frente al crimen organizado, pero que no puede ser imponiendo “un castigo” al ciudadano.

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No es competencia del Congreso

El también presidente del Partido Nacional criticó que sea el Legislativo quien busque implementar una tasa impositiva, cuando ese tipo de medidas corresponde tomarlas a las municipalidades.

“Es la primera vez que veo que una tasa se impone desde el Congreso, las tasas son municipales, se implementan desde las municipalidades”, mencionó.

Ayer, el presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, manifestó que “ya existe un acuerdo” en el sentido de que la tasa especial la pagarían los grandes inversionistas y las empresas que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) identifique que tienen buenos márgenes de ganancias al año. Se estima que en esta categoría estarían alrededor de 621 empresas a nivel nacional.

Mientras, el alcalde capitalino detalla que si se elimina la tasa de seguridad municipal se afectará a unas 31 alcaldías de Honduras, al tiempo que criticó que la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), por no pronunciarse respecto al polémico tema.

No es la primera vez que hay declaraciones cruzadas entre los funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ya que son varios los funcionarios del Estado con aspiraciones presidenciales, lo que es criticado por la sociedad.

El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández; el alcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez; la Designada Presidencial, María Antonieta de Guillen; el Canciller, Mario Canahuati; y los ministros de Seguridad, Oscar Álvarez y de Soptravi, Miguel Pastor; son los funcionarios públicos que podrían contender en las próximas elecciones primarias en busca de la candidatura por el Partido Nacional, institución política que arribó a sus 109 años.

Ninguno ha manifestado abiertamente su intención de aspirar a la primera magistratura, como sí lo hizo el designado presidencial Víctor Barnica. Todos ellos se mantienen en una intensa actividad política desde que llegaron al poder, lo que ha sido criticado por la sociedad y por el mismo cardenal Oscar Andrés Rodríguez.

El domingo anterior, el nacionalista Fernando Anduray anunció un nuevo movimiento a lo interno del nacionalismo.

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