Ley aprobada en el Congreso obliga a replantear la fiscalía

El fiscal general de la República Luis Alberto Rubí reaccionó esta tarde en torno a la Ley aprobada por el Congreso Nacional y que, entre otras medidas, despoja al Ministerio Público de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

"Yo espero que esta medida que ha tomado el Congreso Nacional sea para bien porque el propósito de nosotros es entablar una lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de activos y, definitivamente, contra el crimen organizado".

La medida relativa a la OABI aprobada por el Poder Legislativo "nos obliga a hacer un replanteamiento del Ministerio Público, o sea que quien conciba a OABI como una bodega donde solo están los bienes están cometiendo un error", dijo el fiscal general de Honduras.

"Lógicamente estos bienes están en depósito por orden judicial" y "de acuerdo a la Ley de Lavado de Activos no se podía disponer de estos bienes", dijo Rubí.

Explicó que fue necesaria la creación de un decreto para hacer la distribución de los bienes incautados a las instituciones del Estado "como el mismo Congreso creyó conveniente".

En 2011, informó, se repartieron 278 millones 585 mil lempiras, de los cuales se le dio al Ministerio Público 74 millones 178 mil; al Ministerio de Seguridad, 74 millones 457 mil; a Defensa, 74 millones 178 mil; y a Casa Presidencial, para el Bono Diez Mil, se le entregaron 27 millones 886 mil.

Además, la Secretaría de Desarrollo Social recibió 27 millones 86 mil, "lo que da un gran total de 278 millones 585 mil" que se ha distribuido en este año a las diferentes instituciones gubernamentales.

Aclaró que actualmente la OABI solo dispone en fondos en efectivo un millón 784 mil 810 dólares, y en lempiras 554 mil 774 lempiras.

"En cuanto a bienes, OABI tiene únicamente 234 vehículos de los cuales 128 se encuentran en mal estado", en bienes inmuebles "únicamente tenemos 30" y el resto han sido entregados por orden judicial.

La OABI nació "sin presupuesto", como consecuencia de la creación de la Ley de Lavado de Activos, y "ha sido un pasivo grande para el Ministerio Público", dijo Rubí.

Precisó que desde el 2003 a la fecha, la OABI no ha podido disponer de dinero "como para poder pagar sus obligaciones" sino que ha sido el Ministerio Público el que ha pagado la planilla de empleados, alquiler de edificio y de locales donde tienen los bienes incautados.

"Mantener a OABI durante todos estos años ha sido una carga pesada para el Ministerio Público", añadió.

El Congreso Nacional aprobó ayer en único debate la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, que cercena la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) al Ministerio Público (MP).