La justicia es la que decide el destino de los bienes

El traslado de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) del Ministerio Público al Poder Ejecutivo no representa que los recursos que maneja la institución pasan inmediatamente a los operadores de justicia, advirtió el director de la entidad, Omar Zúñiga.

Existen algunas posesiones, como vehículos, que son pruebas de convicción para usarse en juicios y, por lo tanto, no se pueden entregar, explicó.

Por ejemplo, la OABI tiene 234 automotores, de los que 106 han sido puestos a disposición de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía o el Congreso Nacional de Honduras.

Los restantes 128 están en bodegas para ser cuidados porque son pruebas claves en juicios y si se usan "se puede bajar a cero su carga probatorial", aseguró.

"Todavía están como pruebas de convicción a las que se tiene que hacer peritaje de tipo científico o deben presentarse excepcionalmente en juicios", indicó.

Los carros decomisados por supuesto lavado de activos tienen trámite más expedito para ponerlos a funcionar contra el crimen porque solo se requiere dejar constancia de la existencia del bien.

Mientras tanto, los que son incautados porque se usaron para tráfico de drogas no se pueden utilizar porque se les tienen que hacer investigaciones. Estos 234 carros no son del Estado y será la justicia, vía sentencia definitiva, la que determine su destino final, es decir si se mantienen en poder del gobierno o se devuelven a sus legítimos dueños.

El Congreso Nacional aprobó el jueves pasado la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público mediante la cual la OABI pasa al Poder Ejecutivo.

La OABI nació como parte de la Ley contra Lavado de Activos en 2003 para hacer uso racional de los bienes del crimen organizado decomisados, mientras en los juzgados se emiten fallos acerca de a quién se acreditan.