Medidas aprobadas tienen carácter confiscatorio

La polémica Ley Temporal de Seguridad Poblacional contiene medidas confiscatorias al patrimonio de las personas naturales y jurídicas, sostiene el banquero y empresario de la construcción, Luis Felipe Lozano. Este tipo de medidas solo se observan en sistemas socialistas, donde el Estado puede disponer de los bienes de la población, afirmó el empresario, entrevistado ayer por la emisora HRN.

La semana anterior, el Congreso Nacional aprobó la cuestionada Ley de Seguridad Poblacional, que contempla, entre otros gravámenes, el cobro de un 0.3 por ciento a los retiros bancarios, cuando las cuentas de ahorro superan los 120,000 lempiras.

A criterio del financista, "con esta medida le están tocando el patrimonio a las personas naturales y a las empresas, independientemente de que ese porcentaje sea pequeño, pues al multiplicar dicho factor por todas las transacciones que se hagan, el gobierno percibirá una millonada".

Según el gobierno, la citada ley permitirá captar 1,500 millones de lempiras al año para fortalecer las instituciones que luchan contra la delincuencia.

Empero, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha advertido que se recaudarán tres o cuatro veces más que ese techo y que el remanente de la millonaria recaudación puede ser utilizada para financiar campañas políticas.

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Las opciones

Lozano subrayó que si el gobierno quiere más dinero para seguridad para eso existen las vías legales que son el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto sobre Ventas, pero no creando una tasa artificial con vicios de inconstitucionalidad, pues con ese cobro lo que hace es confiscar las utilidades de las empresas que ya pagan sus respectivos tributos.

"Creo que si el gobierno quiere recursos tiene dos vías: o reduce el gasto corriente o le aumenta a los impuestos que ya pagan las personas", insistió el banquero. Por otra parte, afirmó que resulta ilógico que primero van a recaudar el dinero y después van a depurar a la Policía, cuando debió ser al contrario, iniciar con la depuración de los entes policiales.

Citando un ejemplo, el empresario recomendó que el gobierno debiera de emplear la regla 80-20 con el cien por ciento de los policías, dejando el 80 por ciento y pagándoles el cien por ciento.

Obstáculo a la inversión

En consecuencia y de manera enérgica pidió al gobierno que "no siga poniendo barreras artificiales a la inversión porque con ello están complicando el nervio y motor de la economía que se llama sistema financiero" .

Afirmó que resulta contradictorio que el gobierno esté motivando a los inversionistas nacionales y extranjeros para que trabajen su capital en Honduras y por otro lado le están imponiendo cargas impositivas. Esto es como un juego de "no te enojes" , comentó.

La Ley de Seguridad Poblacional también grava la actividad minera con un cinco por ciento, las utilidades brutas de las empresas de comidas rápidas con el 0.5 por ciento, así como el uno por ciento para los casinos y las máquinas tragamonedas.

El presidente de la comisión legislativa que dictaminó estas medidas, diputado Francisco Rivera, asegura que todas fueron analizadas y discutidas con la dirigencia del sector empresarial, por lo que no entiende su oposición a las mismas.

Admitió que en el debate hubo cambios sugeridos por el plenario, pero son imponderables que ocurren al momento de la discusión, ya que nadie puede imponer criterio a los diputados.

No obstante, indicó que si los empresarios consideran que estas medidas los afectan, tienen el derecho de impugnar las una vez que sean ley de la República.

En cuanto al gravamen a las transacciones financieras, Rivera explicó que "es una medida que fue ampliamente concertada y ahora la están satanizando".

La conclusión a que estamos llegando -dijo- "es que los empresarios no quieren contribuir".

Respecto al sector minero adujo que ellos tienen una deuda social con el pueblo hondureño y no es justo que se echen para atrás con una pequeña contribución comparada con las grandes explotaciones y ganancias y con el gran daño ecológico al país.