Empresarios intentarán "ablandar" a "Pepe" Lobo

Los empresarios decidieron sostener una reunión con los presidentes del Ejecutivo, Porfirio Lobo, y del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad del decreto que contiene las medidas relacionadas con la tasa de seguridad y la reforma al Impuesto sobre la Renta

Los empresarios, en una reunión de Junta Directiva, decidieron ratificar la decisión de impugnar la Ley Temporal de Seguridad Poblacional que contiene el “paquetazo” y las reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR), que crea un impuesto del 1 por ciento, supuestamente, para aquellas empresas que evaden el pago de dicho impuesto.

Sin embargo, harán el último intento “para hacer entrar en razón a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo de que estas medidas provocarán una contracción de la economía de Honduras, así como una desbancarización, puesto que las transacciones que se han venido realizando en el sistema financiero nacional serán trasladas a la banca de otros países.

El COHEP y sus 60 organizaciones han decidido impugnar la aplicación de una tasa de 0.3 a las cuentas que tengan depósitos por más de 120,000 lempiras, debido a que solo por esta medida se recaudarán 1,100 millones de lempiras de los 1,500 millones contemplados para financiar la lucha frontal en contra de la delincuencia.

El empresariado se opone a que el excedente de los recursos captados, vía la referida ley, sean destinados a obras sociales desarrolladas a la discresión del presidente Porfirio Lobo Sosa.

Estiman el gobierno fácilmente recaudaría unos 3,500 millones de lempiras con la aplicación del “paquetazo”, pese al impacto negativo de este sobre la economía de Honduras.

Los empresarios también discrepan respecto al período de vigencia de la Ley pues “originalmente se nos dijo que la tasa de seguridad tendría una vigencia de un año y medio, pero se aprobó para cinco años.

Posición de sindicatos

Por su lado, la dirigencia de la Central General de Trabajadores (CGT), otorgó un voto de confianza al Congreso Nacional, en el sentido que no se puede satanizar ni criticar la efectividad de una ley cuando ni siquiera, se han reflejado los resultados mínimos de su aplicación.

La determinación se dio a conocer en conferencia de prensa, donde el Secretario General, Daniel Durón, revelo que en reunión de emergencia entre los representantes de las 14 federaciones y las más de 200 organizaciones sindicales obreras y campesinas, entre otras que la constituyen, determinaron que la medida va a beneficiar a la mayoría de los hondureños.

Durón dijo que “paguen los que tienen concentrada la seguridad, a los que el Estado les protege sus bienes, pero que no le vengan a cobrar ese costo a un motorista de taxi o al trabajador, que camina a pie para llegar a su centro de trabajo y regresar a su casa, después de cumplir su jornada laboral”.

Nosotros afirmó “estamos apoyando al Congreso Nacional con esta ley, para que paguen un mayor costo por los servicios de seguridad quienes resultan más beneficiados, pero que no le cobren este impuesto a los pobres”.

Pidió a los diputados de los cinco partidos que conforman el pleno del CN, aprobar un decreto para blindar la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, y de esa forma impedir que los empresarios puedan trasladar el costo de su contribución económica a los consumidores finales.

Durón manifestó que ya tienen un borrador de una propuesta que remitirán al Congreso Nacional en la que se recalca la posición de los trabajadores, en el sentido de introducir una salvaguarda a la ley, a efecto que los empresarios no puedan, por ningún punto ni motivo alguno, trasladar a los productos el costo de lo que pagaran ellos por concepto de la tasa de seguridad".