Auditarán fondos en centros educativos

El gobierno de Honduras auditará los diferentes centros educativos que funcionan en el país.

Luego de iniciado un proceso de intervención en el instituto Central Vicente Cáceres ante el supuesto uso inapropiado de recursos, el director departamental de Educación de Francisco Morazán, Carlos Rápalo, advirtió este miércoles que también se procederá a auditar otros centros de enseñanza, entre ellos, el Jesús Milla Selva, la escuela Normal Mixta Pedro Nufio, el Técnico Honduras y el Mixto Hibueras de Comayaguela.

Rápalo sostuvo que hay decenas de centros educativos que no están presentando informes de liquidación sobre el manejo de los recursos de la matrícula gratis que otorga el gobierno a los directores de las escuelas y colegios de todo el país en apoyo a los padres de familia para evitar que éstos tengan que pagar por inscribir a sus hijos en los centros de enseñanza.

"La preocupación son los fondos de la matrícula gratis, los directores de los centros deben informar a la dirección Departamental mediante una liquidación de los fondos que han ingresado por matrícula gratis y sabemos que también hay centros educativos que tienen otros ingresos", manifestó el director departamental de Educación.

Los centros educativos serán auditados por inspectores de la Secretaría de Educación y personal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Cada año el gobierno destina cerca de 400 millones de lempiras a los centros educativos a través del programa "Matrícula Gratis", fondos que sirven para suplir las necesidad básicas de cada centro de enseñanza.

"Tenemos que tener un equipo desplazado en cada centro educativo para que haga efectivas estas auditorías y luego que se informe a las autoridades correspondientes sobre los hallazgos", señaló.

Los fondos de la matrícula gratis se distribuyen en más de 12 mil centros educativos que funcionan en todo el territorio hondureño.

Las auditorías en los centros educativos se incrementarán al tiempo que el gobierno envió al Congreso Nacional los acuerdos preliminares que habían sido negociados con los miembros de la dirigencia magisterial y que luego rechazaron por presuntas presiones de sus bases.

Entre los acuerdos figura la implementación de un censo en todo el sistema educativo que permita establecer cuantos maestros hay en todo el país, cuantas plazas tienen y cuanto ganan por mes.