Emplazan a empresarios a cumplir tasa de seguridad

Hasta más tardar el 10 de agosto próximo tienen las empresas del sector privado para comenzar a dar cumplimiento a la polémica Ley de Seguridad Poblacional, advirtieron esta tarde las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Blanca Castro, jefe de Asistencia al Contribuyente de la DEI, dijo que ya los sistemas están listos para que las empresas comiencen a presentar su declaración jurada a través de la cual "automáticamente" se hará el cálculo sobre el aporte monetario que corresponde por cada contribuyente para el tema de la seguridad.

"Será a través de los sistemas informáticos que ha definido la Dirección Ejecutiva de Ingresos que ya inmediatamente que el contribuyente está obligado a una tarifa por decir así si el uno por ciento o el cinco por ciento ya los sistemas están listos para dar cumplimiento para la elaboración de la declaración que los contribuyentes presenten y automáticamente le hace el cálculo", explicó.

Las autoridades de la DEI anunciaron la aplicación de la polémica Ley curiosamente luego de un encuentro, esta mañana, en Casa Presidencial entre el presidente Porfirio Lobo y los representantes de la empresa privada de Honduras.

Sobre el particular, el director de la Asociación Nacional de Industriales, (ANDI), Fernando García, sostuvo que el presidente Lobo Sosa debe llamarle la atención a sus funcionarios.

"Yo creo que el presidente debe llamarle la atención a sus empleados porque el dijo con el tema de la tasa de seguridad se debería discutir y analizar y hacer algunas visitas a Panamá y otros países para analizar el tema tributario pero parece que el señor de la DEI no le está haciendo caso a su jefe que es el presidente de la República", lamentó.

En junio pasado el Congreso Nacional aprobó el polémico "paquetazo" de seguridad contenido en la denominada Ley Temporal de Seguridad Poblacional, la cual tendrá una duración de cinco años, a razón del manejo de un fideicomiso de 1,500 millones de lempiras por cada ejercicio fiscal para un monto global de 7, 500 millones de lempiras, que servirán para el combate del crimen y la delincuencia en el país.

La medida ha sido fuertemente cuestionada por diversos sectores en Honduras ante el impacto negativo que tendrá en el bolsillo de todos los hondureños.