Nueve años de prisión por delitos electorales

La nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas contempla un capítulo que sanciona con reclusión de hasta nueve años, sin derecho a fianza, a quienes cometan delitos electorales como votar más de una vez, trastocar resultados o falsificar actas de cierre.

Esta irregularidad ha sido una constante en los procesos electorales hondureños, especialmente los primarios, que son rectorados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero son resposabilidad de los partidos políticos.

En las últimas elecciones primarias, celebradas en noviembre de 2008, las comisiones departamentales y municipales electorales, conformadas por representantes de los partidos protagonistas de la contienda, exhibieron una conducta irregular en el manejo de las actas.

Ocurre que la Ley faculta a las comisiones departamentales elaborar las actas de los departamentos con los resultados de los municipios cuyas actas fueron intencionalmente manipuladas para favorecer a determinados caudillos o caciques regionales.

La situación llegó al extremo de que el TSE anuló todo lo actuado por las comisiones y tuvo que hacer el escrutinio con las copias de las actas que gueron traídas a Tegucigalpa por las Fuerzas Armadas.

La nueva ley, que será entregada en los próximos días al Congreso Nacional para su respectiva discusión y aprobación, reforma el Código Procesal Penal al que se le agrega un capítulo bajo el título "los delitos contra los procesos electorales y las consultas populares".

Estos delitos están relacionados con la alteración, robo, substracción, pérdida o manipulación de las actas de cierre.

"Creemos que ha llegado el momento de mandar un mensaje muy claro, de que se están transparentando los procesos y que los miembros de las mesas y de los organismos electorales tienen que ser respetuosos de la voluntad popular", argumentó el presidente del TSE, Enrique Ortez Sequeira.

Las reformas al Código Penal establecen diferentes períodos de reclusión. Los hay de tres a nueve años; de cuatro a seis y de dos a cuatro años, según la gravedad del delito. Ortez Sequeira destacó que la condena de tres a nueve años de prisión no será fiable de manera que el mensaje es claro para quienes acostumbran a manipular resultados o a los representantes de mesas que en la mayoría de los casos son activistas que se dejen influenciar por los caudillos regionales o municipales.