Estallido de crisis obliga al CN a publicar sentencia de la CSJ

Seis meses después, el Congreso Nacional se dispone a enviar para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia que declara nulo el decreto 18-2008, cuya aplicación ha causado problemas entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y los terratenientes.

Dicho decreto fue aprobado durante el régimen de Manuel Zelaya Rosales y se hizo con el propósito de beneficiar a grupos campesinos a efecto de trasladar tierras a su favor expropiándoselas a los terratenientes.

Esto se produjo con más intensidad en el sector del Bajo Aguán. El recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 18-2008 del 13 de marzo de 2008 fue presentado ante la CSJ por el presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos (Fenag), igual que Fausto Darío Rodríguez.

La CSJ emitió su fallo el 14 de diciembre del 2010 y el 4 de febrero fue remitido a la secretaría del Congreso Nacional; el 1 de marzo fue enviado a la comisión de asuntos constitucionales, presidida por el diputado Oswaldo Ramos Soto.

Al ser declarada la inaplicabilidad del decreto 18-2008 lo que procede es que se apruebe en el Congreso el dictamen para enviar a publicarlo en el diario oficial La Gaceta.

La comisión dictaminadora encontró que la sentencia de la Corte está hecha de conformidad a lo que establece el artículo 316 de la Constitución de la República, en consecuencia mandan a publicarla en La Gaceta.

Este artículo establece que cuando las sentencias se pronuncien por mayoría de votos de la Sala Constitucional, deberán someterse al pleno de la CSJ.

Además, las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será de ejecución inmediata y tendrán los efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el diario oficial La Gaceta.

El secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, confirmó ayer que el Congreso Nacional cumplirá con la ley, en el sentido de proceder a aprobar este dictamen y mandarlo a publicar.

Justificó que por exceso de trabajo en la Comisión de Asuntos Constitucionales no se sacó antes este dictamen.

En la secretaría recibieron la certificación de la sentencia mediante la cual la Sala de lo Constitucional falló a favor de la inconstitucionalidad.

La opinión de la comisión dictaminadora ha sido favorable y lo que indica es que esa ley queda sin valor ni efecto y ya no se puede aplicar más por parte de las autoridades del INA.

Chang Castillo explicó que al no haber sido aprobado el dictamen y tampoco ser turnado a La Gaceta dicha resolución, lo actuado hasta ahora por el Instituto Nacional Agrario es legal.

"Por seguridad jurídica todo lo que hizo la institución al amparo de ese decreto queda protegido y se da por bien hecho, no se puede anular porque el Estado tiene que velar por la seguridad jurídica, pero a partir de la publicación de la sentencia, el INA no puede invocar dicha ley porque quedará derogada", explicó Chang.

Según el fallo, el decreto 18-2008 contraviene lo establecido en los artículos 8, 18, 60, 64, 82, 90, 94, 96, 103, 186, 219, 303, 304 y 349 de la Constitución de la República.

Se violentaron los principios de la propiedad, garantía, derecho de la defensa, seguridad jurídica, la prohibición de confiscación de bienes y derecho a reivindicar los bienes confiscados, la no retroactividad de la ley, el derecho a la previa y justa indemnización o arbitramiento y la potestad de impartir justicia de los tribunales de la República, entre otros.

Igualmente, restringe atribuciones de la Ley de Municipalidades, Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.