Acuerdo de Cartagena no abarca ámbito judicial

El Acuerdo de Cartagena solo faculta ejercer acciones que le compete exclusivamente al Poder Ejecutivo, no sobre materias judiciales ni legislativas.

Así lo plasma una resolución emitida recientemente por la Procuraduría General de la República (PGR), referida a una contestación de agravios a una apelación interpuesta por la defensa del exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, relacionada a pedir la nulidad de las cuatro acusaciones por corrupción.

Fue el mismo Flores Lanza quien denunció ayer la existencia de tal resolución en una rueda de prensa celebrada ayer en su vivienda de la colonia Miraflores, que califica como "casa cárcel".

En la apelación la defensa invoca el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, más conocido popularmente como Acuerdo de Cartagena, suscrito el pasado 22 de mayo.

En el dictamen, la PGR responde a la Corte de Apelaciones que dicho acuerdo lo firmó el presidente Porfirio Lobo Sosa sin la aprobación previa de parte del Congreso Nacional.

Por lo tanto, la firma del referido documento cae bajo la situación contemplada en el artículo 21 de la Constitución de la República, que al efecto dice: "El Poder Ejecutivo puede, sobre materias de su exclusiva competencia, celebrar o ratificar convenios internacionales con Estados extranjeros u organizaciones internacionales a adherirse a ellas sin el requisito previo de la aprobación del Congreso, al que deberá informar inmediatamente".

Arbitrario e improcedente

Por consiguiente, la PGR expone que "la única aplicación que este documento solemne puede tener en nuestro país se circunscribe a lo dispuesto en el precitado artículo 21 constitucional relativo a las ‘materias de exclusiva competencia’ del Poder Ejecutivo".

Si se pretende aplicar el Acuerdo sobre el funcionamiento de los otros dos poderes del Estado, se debió seguir el trámite establecido en el artículo 16 de la carta magna.

"Su aplicación se limita únicamente a la exclusiva competencia del Poder Ejecutivo y sería arbitrario o improcedente pretender su aplicación en la actividad judicial", cita la resolución firmada por los procuradores Francisco Pérez Burgos y Pedro Escobar.

Por lo anteriormente expuesto, dichos procuradores pidieron a la Corte de Apelaciones declarar sin lugar la apelación. Según Flores Lanza, no existe voluntad de la PGR en aplicar el acuerdo de reconciliación.

Arrecia persecución judicial: Flores Lanza

El exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, denunció una violación al Acuerdo de Cartagena, a tres meses de haber sido suscrito.

"Hemos tenido conocimiento que va a arreciar la persecución en contra de los máximos líderes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)", denunció en la rueda de prensa, acompañado de dirigentes obreros y sindicales.

Aseguró que se gesta la persecución y sicariato judicial contra el expresidente Manuel Zelaya, Xiomara Castro y él. Como evidencia expuso el documento en el que la PGR aclara que el Acuerdo de Cartagena solo obliga al Poder Ejecutivo, no cabe en acciones judiciales ni legislativas.

Dijo que los hondureños esperaban que dicho acuerdo fuera un instrumento de solución a la crisis política. "Lamentablemente, la respuesta es un rotundo no", expresó, enunciando violaciones a derechos humanos, represión y persecución judicial y a nivel mediático contra dirigentes y miembros del FNRP.