Ham deberá aportar pruebas ante el MP

El director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, deberá aportar evidencias que lo desvinculen con una lujosa camioneta que fue incautada y que está a su nombre.

En el operativo efectuado el lunes en la aldea El Chimbo se allanó una vivienda ubicada cerca de la residencia del presidente Porfirio Lobo Sosa. Se incautaron dos autos marca Toyota.

Uno es modelo Prado, color blanco, con matrícula PCU-4886, supuestamente plaqueada, porque no aparece en los registros de la DEI.

Otra es Land Cruiser, color blanco, blindada, con placa PCK-2894, a nombre de César Ham. El operativo lo coordinó la Fiscalía de Privación de Dominio, tras contar con orden judicial.

La diligencia se practicó en respuesta a una petición que formulara la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), informó Melvin Duarte, portavoz del Ministerio Público (MP).

Se continúa en la investigación por parte de la oficina de Privación de Dominio, dijo el vocero.

Aclaró que la acción que realiza esta unidad del MP está relacionada con los bienes, no con investigar personas. Su función especial es determinar si un bien tiene origen ilícito o no puede justificarse, y en esta circunstancia se remite el caso al juzgado competente, que determinará si los bienes son despojados y pasan a ser propiedad del Estado.

Responsabilidad

Para la Fiscalía aún no está acreditado que el automotor está a nombre de Ham, eso está siendo investigado.

Mientras, la Fiscalía investiga lo relacionado con la dispensa en base a lo declarado por Ham, que el vehículo es producto de una dispensa que vendió, aunque no aclaró a quién.

"Él (Ham) puede aportar todo lo necesario a la Fiscalía", expresó.

"La Fiscalía no está haciendo ningún señalamiento sobre nadie en este momento, sino simplemente determinando la propiedad de los bienes", expresó Duarte.

En un dado caso que producto de la investigación se encuentran indicios de una posible responsabilidad penal cometida por una o varias personas, se hará del conocimiento de la Fiscalía contra el Crimen Organizado o contra la Corrupción.

"Si hubiera alguna relación con acciones de tipo ilícito, estas serían del conocimiento de otras de las Fiscalías, sea por acciones de criminalidad organizada o corrupción", indicó.

Tras el allanamiento, la ley concede hasta dos años para investigar y recabar pruebas.

"Cualquier persona que se sienta afectada puede acreditar lo concerniente a un patrimonio ante la Fiscalía", dijo.

De no haber un origen justificable para un bien, el Juzgado lo despoja y lo transfiere al Estado.