El Estado asumirá hipoteca de las tierras

Los campesinos del Bajo Aguán lograron que sea el Estado y no los bancos quien asuma las garantías hipotecarias de las tierras objeto de compra venta en ese conflictivo sector.

Así quedó plasmado en el proyecto de decreto que ayer fue enviado al Congreso Nacional, con una nueva redacción, a efecto que sea aprobado para dar fin al conflicto del Bajo Aguán.

Mediante dicho decreto se autoriza a la Secretaría de Finanzas que otorgue garantías soberanas del Estado a las entidades del sistema financiero nacional o entidades de carácter público o privado que presten recursos para la compra de tierras en la zona del Bajo Aguán.

Asimismo se autoriza para que otorgue garantía fiduciaria mediante la emisión de cualquier instrumento financiero que reúna los requerimientos establecidos por los acreedores, dicho instrumento se emitirá con el monto requerido con el fin de garantizar el pago anual completo de los valores a ser autorizados por la empresa Asociativa Campesina de Transformación y Servicio, Liberación.

La garantía soberana y los instrumentos señalados que se denominarán como garantía del Estado podrán ser emitidos inmediatamente por la Secretaría de Finanzas para poder cubrir la totalidad de los valores a ser financiados.

El precio establecido de común acuerdo entre las partes es de 135,000 lempiras por hectárea, según el proyecto de decreto.

4,045.70 hectáreas que comprenden las fincas La Aurora, La Confianza, Isla 1 y 2, Marañones, La Concepción y Lempira son de exportadora del Atlántico S. A. de CV; y de 667.04 hectáreas de tierra son de Óleo Palma de Centroamérica S. A. de CV.

Según el artículo 3 del referido proyecto de ley, "las tierras al ser adquiridas por el MUCA, a que hace referencia el presente decreto, serán otorgadas en garantía al Estado y una vez cancelado el monto del préstamo será traspasada la propiedad al MUCA.

Regulaciones

Las tierras no podrán ser objeto de posterior o nueva tradición del dominio otorgando la primera opción de venta al Estado de Honduras, por intermedio del Instituto Nacional Agrario (INA), en cuyo caso se determinará su valor a un justiprecio que toma en cuenta el valor del mercado de la tierra y las mejoras introducidas al mismo.

También se autoriza a la Secretaría de Finanzas, en conjunto con el sistema financiero y el MUCA, que formulen un plan de negocios y la estructura financiera y operativa de la transacción dentro de un término de 90 días a partir de la vigencia del presente decreto.