Lanzan nueva política de lucha contra criminalidad

El Poder Ejecutivo lanzó ayer la Política Integral de Convivencia Ciudadana para Honduras 2011-2022, una estrategia que crea una entidad similar al Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin).

Este plan funda diferentes instancias con la función de elaborar políticas de combate a la criminalidad, responsabilidades que por ley le pertenecen al Conasin.

La norma da vida al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

"El sistema estará compuesto por las autoridades superiores del Poder Ejecutivo responsables de la formulación de las políticas y estrategias del sector... así como otras instituciones pertenecientes a otros poderes públicos directamente implicados en el combate al delito", dice el punto número 5 de la iniciativa.

Al Conasin lo integran: el secretario de Seguridad, quien lo preside; el fiscal general de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los erechos Humanos.

Asimismo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), las centrales obreras, centrales campesinas, las organizaciones de mujeres, la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), las organizaciones de derechos humanos y los comités u organizaciones municipales de seguridad ciudadana.

El nuevo organismo estará conformado por las mismas dependencias.

Entre otras funciones tendrá la misión de asesorar al Presidente y al ministro de Seguridad "en situaciones específicas de seguridad".

El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez; sus dos viceministros, Armado Calidonio y Roberto Romero Luna; la ministra de la Presidencia, María Guillén; el fiscal adjunto, Roy Urtecho y el representante del PNUD, José Eguren, encabezaron el acto de lanzamiento del plan en Casa de Gobierno.

En el numeral 5 de la estrategia, referente a las líneas estratégicas de acción, se propone una "reingeniería policial".

Por ejemplo, se propone elevar a dirección general la Dirección Nacional de Asuntos Internos para que tenga mayor independencia en su trabajo, aunque no especifica cómo.

También, el plan contempla dar un rango general a la Dirección Nacional de investigación Criminal. A la Secretaría de Seguridad se le agregará una tercera subsecretaría, la de Convivencia y Participación Ciudadana, misma que tendrá bajo su mando dos direcciones.

Estas direcciones serán las de Convivencia y la de Participación Comunitaria.

Otro mecanismo del plan hace referencia a la intervención de sitios de mayor peligrosidad del país y mejorar los mecanismos sobre la portación de armas.

En la parte introductoria de la Política Integral se muestra una serie de encuestas que evidencian la desconfianza de la población hacia las instituciones que combaten el crimen.

Esta política le da una importante participación a los gobiernos logales en el desarrollo de acciones para enfrentar la violencia.

Mediante este plan también se propone un pacto con el Poder Legislativo y Judicial para que se sumen a las acciones anticriminales.

La ministra de la Presidencia destacó que el gobernante mantiene su compromiso de darle seguridad a la población y que el plan es muestra de esa intención.

"Haciendo las mismas cosas no vamos a tener resultados diferentes y por ello hay que pensar en una amplia participación".

Por su lado, el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que la convivencia pacífica se logrará cuando se tenga una lucha efectiva contra el crimen organizado.

Si el país tiene seguridad, al mismo tiempo tendrá el motor que genere el desarrollo y la riqueza que la mayoría de la población reclama, expresó Álvarez.