Harán diagnóstico de infraestructura educativa

El presidente Porfirio Lobo Sosa acordó ayer, con la dirigencia estudiantil, iniciar de inmediato giras por todos los departamentos para levantar un inventario de la infraestructura educativa.

En tal sentido, han integrado comisiones que se desplazarán por toda Honduras para la realización del diagnóstico.
Esta es la tercera vez que el presidente Lobo Sosa se reúne con este grupo estudiantil que no ha querido incorporarse a las mesas de trabajo para la elaboración de una nueva Ley General de Educación.

Sus líderes se comprometieron a participar en el proceso, pero cuando lo hicieron llegaron a boicotear a los grupos de trabajo, protagonizando actos vandálicos en las instalaciones del Instituto de Investigación Educativa (Inice), a inicios del presente mes.

En el diálogo efectuado ayer en Casa Presidencial estuvieron varias representaciones estudiantiles de todo el país, agrupadas en el Frente de Acción Revolucionaria de Secundaria en Honduras (FARSH) y el Frente Amplio Estudiantil en Resistencia (FAER).
El FAER es dirigido por el supuesto estudiante Jorge Jiménez, más conocido como “JJ” y que las autoridades educativas han denunciado que no está matriculado en ningún establecimiento de educación pública.

En este diálogo no participó el ministro de Educación, Alejandro Ventura, ya que los estudiantes pidieron su destitución dando plazo al presidente hasta el 10 de septiembre.

Lo anterior en el marco del “Pacto por una verdadera educación pública, laica y gratuita” que suscribieron los estudiantes con el presidente Lobo Sosa el pasado 29 de agosto, contentivo de varios puntos, en el que se incluye el levantamiento de un diagnóstico de necesidades en materia de infraestructura educativa.

Construcciones escolares

Del trabajo de investigación que realizarán los estudiantes, con la incorporación de representantes docentes y padres de familia, se dijo, resultará un plan de ejecución sobre construcción y remodelación con el presupuesto respectivo.

Para la realización del diagnóstico se incorporará una comisión por cada centro educativo, estas a la vez harán una propuesta departamental, este diagnóstico se ejecutará en un plazo de sesenta días, según lo establece el pacto.

Títulos de propiedad

Los estudiantes han solicitado que se les otorgue el título de propiedad a los establecimientos educativos que funcionan en terrenos que son de otras instituciones del Estado, razón por lo que la infraestructura es pésima y el Ministerio de Educación justifica que no puede invertir en ellos porque el terreno no le pertenece al Estado. Este informe deberá aparecer en el inventario que se levante.

Ante el alto índice de inseguridad y sobre que los jóvenes estudiantes son mayoritariamente las víctimas de la violencia, los estudiantes consideran la necesidad de impulsar un plan nacional de seguridad para los centros educativos.
En ese sentido, se realizará un diagnóstico de seguridad por cada centro educativo en un plazo de tres meses, a partir de un cronograma de ejecución que discutieron ayer en Casa Presidencial.

Bono estudiantil

También acordaron realizar un inventario de necesidades tecnológicas (computadoras y otros) por cada centro educativo, de las necesidades encontradas hacer un presupuesto e incorporarlo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para que pueda ser ejecutado durante el año 2012.

Los estudiantes, por otra parte, consideran necesaria la creación de un fondo para la educación pública, que sea supervisado por los estudiantes y padres de familia que tendrán la finalidad de mejorar la infraestructura de centros educativos contribuyendo a garantizar la calidad educativa y la participación de los estudiantes y la comunidad.

Además que se haga una revisión del bono estudiantil, para tal efecto proponen que el parámetro para medir el aporte del Estado sea el valor del pasaje del transporte público (bus urbano), el aumento del bono se hará de acuerdo al aumento al valor del transporte urbano.

Igualmente, demandan que se garantice un bono de graduación en general, el que será utilizado para los gastos que se requieren en el mecanismo de graduación; igual deberá incorporarse un programa para financiar proyectos que factiblemente demuestren ser exitosos y que hayan sido presentados por estudiantes.

En la reunión participaron el ministro de la Juventud, Antonio Midence, y el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), el zelayista Andrés Pavón, en su condición de garante del proceso de diálogo.