Analizan desarme general en el Bajo Aguán

El gobierno de Honduras analiza la posibilidad de ejecutar un desarme general en el Bajo Aguán, escenario de uno de los conflictos agrarios más violentos en la historia reciente del país.

Representantes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la secretaría de Seguridad, de Defensa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunieron el lunes para analizar nuevas estrategias de combate a la delincuencia en la zona, dominada -según las autoridades- por grupos guerilleros en poder de armamento de grueso calibre.

La intención es devolver la tranquilidad a los pobladores de esta región del norte de Honduras, donde los actos violentos han cobrado también la vida de un policía y un militar.

El comandante en jefe de las FF AA René Osorio informó este martes en Casa Presidencial que en el encuentro de ayer se acordó incorporar jueces ejecutorios a las operaciones de la Policía y la institución militar, para garantizar que los operativos de desalojo y allanamiento sean efectivos y en base a ley.

Según se ha denunciado, existen jueces asignados en la zona que son amenazados constantemente para que no ejecuten allanamientos y órdenes de captura contra grupos y personas que supuestamente están detrás de la crisis que sacude a ese sector.

El gobierno hondureño está analizando también la posibilidad de de un desarme general en la zona, señaló el jefe castrense.

El fin de semana, un agente policial y un efectivo del Ejército que integran la fuerza de tarea Xatruch II perdieron la vida en un ataque perpetrado por subversivos, según las autoridades.

Las pruebas del ataque fueron presentadas al Ministerio Público, informó el vocero de Xatruch II.

La violencia en la zona ha dejado desde el año pasado cerca de medio centenar de muertos.

Ya el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) César Ham había propuesto en Consejo de Ministro en junio pasado un desarme total en la región.

Aunque el Congreso Nacional aprobó este mes un decreto que permitirá a los campesinos adquirir más de 4,700 hectáreas en el Bajo Aguán, los nuevos brotes de violencia refuerzan la hipótesis de las autoridades que sostienen que hay grupos guerrillos vinculados con el crimen organizado interesados en que siga la violencia en ese sector.