Descalabro en Inprema, sin nombres y apellidos

Más de 80,000 afiliados al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), 128 diputados al Congreso Nacional y el pueblo hondureño se quedaron con las ganas de conocer con nombre y apellido a los responsables del descalabro financiero de esa institución.

La Comisión Interventora del Inprema, que preside la abogada Vilma Morales Montalván, se presentó anoche en el salón de sesiones del Congreso para rendir un informe sobre sus actuaciones desde que se hizo cargo de la administración de ese instituto.

La comparecencia fue solicitada vía moción por el diputado Renán Inestroza, la que fue ampliamente discutida y apoyada por los congresistas, que en sus intervenciones pidieron que en el informe no se dejaran lados ocultos y se dijera la verdadera realidad de la institución.

Sin embargo, Morales Montalván, al iniciar su presentación, aclaró a los congresistas que la Comisión que ella preside encontró hallazgos importantes que produjeron el deterioro económico y administrativo del Inprema.

A renglón seguido argumentó que la Comisión Interventora no estaba facultada para exponer públicamente las responsabilidades administrativas, civiles y las acciones penales que corresponden producto del desastre financiero.

No obstante, dijo que un informe que contiene las irregularidades encontradas, las responsabilidades y los supuestos responsables del deterioro financiero ha sido turnado al Tribunal Superior de Cuentas con una copia al titular del Congreso Nacional, Juan Hernández.

Indicó que corresponde a los entes contralores y fiscalizadores elevar el pliego de responsabilidades a los involucrados en el descalabro y turnarlos a los juzgados correspondientes, estas acciones no son parte de las atribuciones de la Comisión Interventora, insistió.

Pese a estas justificaciones, los diputados demandaron que se castigue a los responsables de la corrupción que ha imperado en el Inprema, actos que han conducido a la situación desastrosa del instituto de previsión, pues según dijo el diputado German Leitzelar, es un problema de mil años de cárcel. Además, se comprometieron a apoyar las reformas a la Ley de Inprema.

Resumen

En consecuencia, el informe de la Comisión Interventora ante el Congreso Nacional se limitó a exponer un resumen de datos y situaciones que ya el pueblo hondureño conoce, tales como la politización y desorden del gobierno corporativo, el mal manejo de las reservas, el bajo rendimiento de sus operaciones, los altos índices de morosidad y los altos costos de oportunidad de todas las reservas.

Adicionalmente, se reiteró que las causas del deterioro obedecen a una inadecuada estructura de beneficios, elevados gastos administrativos, tiene 16 gerencias cuando solo puede funcionar con cuatro, los abusos indebidos de beneficios, hay demandas judiciales que han sido abandonadas, malas inversiones y falta de capacidad gerencial.

Igualmente, se dieron a conocer casos de costos de construcción de edificios con valores inflados, según referencias de mercado así como otras irregularidades como las compras de terrenos en litigio que pueden perderse si no se toman acciones correctas, pólizas de seguros adquiridas irregularmente, dobles pagos de indemnizaciones y pago a jubilados fallecidos.

También se refirieron a pagos millonarios a abogados de los que un 50 por ciento abandonaron los casos, prohibición a los apoderados legales del Inprema para que procuraran y el otorgamiento de préstamos en condiciones preferenciales a varios colegios magisteriales.

La comisión expuso entre las recomendaciones el cambio del sistema de gobierno del Inprema y una reingeniería de la dirección administrativa, un equilibrio actuarial (aportaciones y beneficios) y finalmente hacer inversiones rentables.

Se sugirió a los diputados apoyar la reforma a la ley del Inprema, la que se dijo está en proceso de formación y que comprende, entre otras disposiciones, un aumento a la edad de jubilarse de 50 años (si se ha cumplido 25 años de servicio) a 56 años. La edad máxima para jubilarse es de 66 años, se dijo.

El informe no llenó las expectativas del Congreso Nacional, ya que el interés del pleno era conocer las interioridades de los escandalosos actos de corrupción tanto de la dirigencia magisterial como de los representantes del gobierno que hicieron el saqueo de la institución.

Ante el legislativo comparecieron los miembros de la Comisión Nacional de Bancos Y Seguros (CNBS), del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación de Jubilados y miembros de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH).

En la parte de preguntas y respuestas, el diputado udeista, Sergio Castellanos, hizo el señalamiento de la "condenable" actitud de estas comisiones interventoras de ocultar al pueblo hondureño la verdadera realidad y aunque se presentan datos creíbles no se expresan con la magnitud de los hechos los escandalosos actos de corrupción que hubo en el Inprema.

Morales aseguró que se han identificado los actos de corrupción, pero compete a las instancias judiciales adoptar las medidas que correspondan.

Pedirán requerimiento contra Vilma Morales

Los dirigentes magisteriales analizan la posibilidad de solicitar requerimiento fiscal contra de Vilma Morales, presidenta de la Comisión Interventora del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).

Orlando Mejía, miembro del Pricphma, dijo que "Vilma Morales ya cumplió con su tiempo en el Inprema.

Morales, de manera unilateral, subió el interés a los préstamos corporativos del 12 al 20 por ciento y hay una gama de resoluciones al margen de la ley, por lo que se pueden pedir requerimientos fiscales por sus actuaciones", manifestó Mejía.

Además de eso, "subieron los intereses a los préstamos personales del 18 al 23 por ciento, lo que afecta directamente a los profesores que tienen préstamos con la institución", reiteró el dirigente magisterial.