Por jurídico y ético, no procede amnistía

La ampliación de una amnistía para anular acusaciones incoadas al exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, sería un retroceso más al combate a la corrupción.

Desde el punto de vista jurídico y ético no procede, expuso el asesor legal de la Fiscalía General, Rigoberto Espinal Irías.

El 27 de enero de 2010, cuando asumió el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el Congreso Nacional (CN) aprobó una amnistía para beneficiar a Manuel Zelaya, algunos de sus exfuncionarios y vinculados a la crisis política. La amnistía se concedió para dejar en el olvido delitos políticos y comunes conexos con estos.

En el CN trascendió una denuncia de la posible ampliación del decreto de amnistía para anular las cuatro acusaciones por corrupción incoadas contra Flores Lanza.

Espinal Irías espera que la denuncia de ampliar el decreto de amnistía sea falsa.

"Sobre todo la comunidad interesada en el mantenimiento del estado de derecho y de la lucha contra la corrupción, Honduras ha suscrito una serie de convenciones en ese sentido y debe de cumplirlos", manifestó el asesor.

No aplica

Al respecto, Espinal Irías recalcó que la amnistía no aplica para favorecer a acusados por casos de corrupción. Por lo tanto no procede ampliar un decreto de amnistía para favorecer a Flores Lanza. "Como un simple estudioso del derecho veo una contradicción contra la Convención Interamericana Contra la Corrupción, los cargos hechos contra el abogado Flores son precisamente en ese orden", expresó el abogado.

En el mismo decreto de amnistía se señalan excepciones, es decir, los casos que no aplican, una de ellas anular acusaciones por actos de corrupción. Dentro de sus facultades el CN puede aprobar leyes.

En relación al tema de ampliar el decreto de amnistía para casos de corrupción, expuso que el CN "no debe de hacerlo desde un punto de vista jurídico y ético".

Desde el punto de vista jurídico existe una contradicción con las normativas internacionales de lucha contra la corrupción, por lo tanto, una amnistía para anular acusaciones por corrupción "no deben hacerlo" los diputados, indicó.

Aclaró que el Ministerio Público no emprende una persecución política contra Flores Lanza, tal como este lo asevera.

Los delitos de corrupción no son persecución política, contestó. "Hay que someterse al debido proceso para demostrar la inocencia", recomendó el asesor.

A Zelaya tuvo que seguírsele dos juicios por corrupción, ya que la amnistía no le aplicaba.

Sin acuerdo

En relación al tema, el Acuerdo de Cartagena no refiere a anular acusaciones a exfuncionarios como Flores Lanza, expuso Anaím Orellana, quien defendió a Manuel Zelaya en los juicios que le anuló la Corte.

"El acuerdo no lo establece, como el tema de la amnistía, lo que establece son las garantías que se le van a dar a todos los exfuncionarios, como al expresidente Manuel Zelaya Rosales, para el regreso a su país", explicó. Lo que dice el acuerdo es el compromiso del Estado de conceder garantías y derechos establecidos en la Constitución y leyes, en cuanto al retorno seguro al país.

"No establece que van a ser amnistiados o que les abarca la nulidad que en su momento otorgó la Corte Suprema de Justicia al expresidente Manuel Zelaya", indicó el defensor público.

Diputados liberales como Carlos Martínez, Gonzalo Rivera y Víctor Sabillón externaron una postura favorable a que se amplíe la amnistía, siempre que sea legal. Rivera dijo que hay que ser tolerantes y perdonar para la armonía.