Cuentas bancarias de UNAH no han sido embargadas

"Nuestras cuentas están disponibles y no han sido embargadas".

Esa fue la respuesta que dio la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), después que trascendió que la máxima casa de estudios del país debía pagar más de 33 millones de lempiras por orden judicial.

Castellanos explicó que el 20 de mayo del presente año a la UNAH se le debitó de sus cuentas 33 millones, por lo que ahora compete a la señora Procuradora General de la República defender al Estado".

Trascendió que por incumplimiento a una sentencia judicial a favor de la empresa Nacional de Ingenieros Sociedad Anónima (Nainsa), las cuentas de la UNAH habían sido embargadas.

"Este problema judicial tiene su origen en el año 2004, cuando Nacional de Ingenieros demandó a la UNAH por incumplimiento de contratos para la construcción de los edificios 6A y 6B, durante la administración de la rectora Ana Belén Castillo", dijo la rectora.

Por ese tiempo, la universidad decidió suspender el contrato de manera unilateral y Nainsa interpuso la demanda en 2004. El juicio duró hasta el año 2010, cuando Nainsa lo ganó en tercera instancia, prosiguió la funcionaria.

Recordó que cuando ella llegó a ocupar el cargo de rectora, el juicio ya se había perdido.

Cuando a las autoridades universitarias les notificaron el fallo, les dieron 30 días para cancelar los 33 millones 444 mil lempiras, pero cuando faltaban diez días para que el plazo se cumpliera, se apersonaron agentes de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y nombró a la UNAH agente retenedor de los 33 millones porque Nainsa le debía al Estado 56 millones de lempiras por deducciones que retuvo y que no entregó a la DEI.

Dilema

"Nos encontramos en el dilema a quién le pagamos. Si le pagábamos a Ivis López estábamos haciendo un desacato a la DEI, y si le pagábamos a la DEI entrábamos en un desacato con los juzgados", manifestó Castellanos.

Con el objetivo de resolver el problema, las autoridades universitarias consultaron a abogados. "Nos dijeron que en una situación como esa quien tenía la preeminencia era la DEI, porque cuando una empresa le debe al Estado y esta empresa va a recibir fondos, la DEI puede embargar esos fondos", reiteró.

También recibieron asesoría de la Procuradora General de la República, Ethel Deras, quien fue del mismo criterio, "a tal grado que la Procuraduría nos acompañó en todo el proceso, y finalmente se obtuvo una resolución judicial para que la UNAH no pagara los fondos", explicó.

A raíz de esa determinación, la empresa demandante hizo nuevas acciones, y en mayo de este año seguíamos en el dilema de a quién pagar, y lo que se hizo fue que se dedujeron de las cuentas de la UNAH el monto por el cual la UNAH había perdido el juicio", concluyó la rectora de la UNAH.