Honduras
La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) demandó ayer una nueva Ley de Municipalidades, cuyo proyecto deberÃa ser introducido en el Congreso Nacional en enero.
Con el apoyo de España se contrató a un especialista en municipalización para que construya un modelo de lo que será la nueva ley, donde se definirán claramente las actividades del municipalismo.
Carlos Bendeck, presidente de la Amhon, recordó que la actual ley está en vigencia desde 1990 y fustigó que en el transcurso del tiempo ha sido reformada en un 65 por ciento.
"Han pasado 21 años y de acuerdo a las investigaciones realizadas por los juristas, hay alrededor de 75 leyes que se contraponen a la Ley de Municipalidades, lo que no permite tomar decisiones ágiles y rápidas en beneficio de los ciudadanos", dijo Bendeck.
A raÃz de esos hallazgos, se trabaja en un instrumento fácil, práctico y sencillo, que será consensuado con los diferentes sectores del paÃs para enviarlo al Poder Legislativo.
ConsultorÃa
Luis Belzuz de los RÃos, embajador de España en Honduras y presidente de los paÃses cooperantes conocido como G-16, manifestó que la cooperación es en materia de consultorÃa ya que se nombró a Diego Vera, catedrático de la Universidad de Málaga y especialista en derecho de municipalidades, para que realizara el estudio.
El diplomático explicó que en la próxima reunión del G-16 se va a incorporar a alcaldes porque no se puede ignorar que estos son los que garantizan que los proyectos financiados por la cooperación internacional se lleven a cabo.
Por su parte, el diputado Daniel Flores, miembro de la Comisión de Asuntos Municipales del CN, dijo que en la reunión que se realizó la mañana de ayer se conoció el primer borrador del proyecto y lo calificó como "algo interesante".
Uno de los problemas que enfrentan los municipios es la falta de inyección oportuna de recursos por parte del Ejecutivo, pese a que los plazos y términos ya están definidos por la vÃa constitucional.
Esta demora obligó a la Amhon a iniciar medidas de presión, entre ellas, no asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo.