Honduras
Varias versiones se tejieron alrededor de la salida de Honduras con destino a Estados Unidos del extitular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Oswaldo Guillén, junto a miembros de su familia.
Guillén abandonó el país al mediodía de ayer en compañía de sus dos hijos y su esposa, de quienes pidió a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos que cubren el aeropuerto Toncontín no captar imágenes "por razones de seguridad", informó la emisora HRN.
El extitular de la DEI se negó a responder interrogantes de los medios de comunicación.
Hace unos días, Guillén denunció haber sido víctima de amenazas de muerte ante el comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio.
En respuesta, el ombudsman hondureño pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Ministerio Público de Honduras protección para el exfuncionario.
Para garantizar su seguridad, Guillén fue custodiado por al menos cuatro personas fuertemente armadas.
Aunque medios de prensa radial informaron que Guillén abandonó el país por las amenazas de muerte, parientes y amigos del exfuncionario dijeron a un medio digital que el motivo del viaje era de vacaciones o paseo con su hijo y su madre, entre otros parientes cercanos.
Guillén fue separado de su cargo en septiembre pasado por el presidente Porfirio Lobo Sosa, pero días antes y después de haber dejado el cargo denunció que recibía amenazas de muerte.
Asimismo, el pasado 22 de septiembre Guillén denunció ante el Ministerio Público (MP) las amenazas y dijo que otros miembros de su familia, como su madre, también son blanco de intimidaciones.
No descartó que las amenazas provengan de personas que se sienten afectadas por medidas que tomó cuando dirigía la DEI.
Días antes de su destitución realizó un decomiso que superó los 80 millones de lempiras. Además impuso la multa más alta de este país por más de 169 millones de lempiras a empresas extranjeras y nacionales sospechosas del delito de contrabando, acciones que habrían motivado su destitución.
Además, Guillén cerró y mantuvo cerradas las tiendas libres en puestos fronterizos terrestres, bajo el argumento de que eran centros de defraudación fiscal.