Honduras
Con la muerte del juez José Enrique Paguada, el número de víctimas del conflicto agrario en el Bajo Aguán suma 44, según las cifras extraoficiales que contabiliza EL HERALDO, aunque pueden ser más de conformidad con fuentes campesinas y de derechos humanos.
De esta forma, en la cadena de actores que ya son parte de la lista negra de asesinados en el marco de uno de los conflictos más sangrientos de la historia agraria del país ya hay campesinos, guardias de seguridad, policías, personas inocentes, soldados y jueces.
El juez que impartía justicia en Trujillo fue víctima la semana antepasada de un atentado, después de haber ordenado un desalojo de campesinos, según familiares del hoy occiso.
Los médicos lucharon por salvar la vida del profesional del derecho, pero no lo lograron. Hoy forma parte de esa galería de muertos.
Según el recuento extraoficial, entre los 44 muertos de los últimos dos años hay 20 campesinos, 15 guardias de seguridad, dos policías, un militar, cinco inocentes pintores y un juez.
Entre los muertos campesinos están el presidente del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (Marca), Secundino Ruiz Vallecillo, y el vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), Pedro Salgado, cuya esposa (Reina Mejía) también falleció víctima de los sicarios. El 16 de septiembre un policía y un militar murieron víctimas de una supuesta emboscada.
Exigen esclarecer crímenes de jueces
Los crímenes cometidos en contra de jueces permanecen en la impunidad, por lo que se exigen respuestas.
La muerte de José Enrique Paguaga Mejía, asignado como juez de Trujillo, Colón, detonó el malestar en la Asociación de Jueces y Magistrados (Asojmah).
Paguaga fue quien ordenó los desalojos de fincas en el Bajo Aguán.
La semana pasada sufrió un atentado y murió el domingo en el IHSS de la capital. Con este suman tres los crímenes perpetrados contra jueces registrados en los últimos meses, los otros casos son dos juezas asesinadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Teodoro Bonilla, presidente de la Asojmah, calificó el crimen de Paguaga como un “vil asesinato”.
“Le pedimos al ministro de Seguridad (Pompeyo Bonilla) que nos dé un informe qué es lo que pasó con la muerte del juez José Paguaga, no hay detenidos, no hay pruebas, es alarmante la impunidad”, lamentó.
Al no existir capturados no existen condenas. Ante tal situación los funcionarios judiciales se sienten inseguros, atemorizados y amenazados, como sucede con algunos juzgadores de La Ceiba, Tocoa, Olancho y departamentos del occidente. “Los jueces nos sentimos alarmados, desprotegidos, no hay protección para los jueces que están amenazados en el país”, expresó.
“La impunidad y la inseguridad de los jueces es alarmante, provocaría que tuviésemos justicia timorata en el país, eso es lamentable”, agregó.