Auditoría le costará 15 millones a San Pedro Sula

La auditoría financiera y administrativa a que será sometida la alcaldía sampedrana tendrá un costo de 15 millones de lempiras, revelaron ayer diputados del departamento de Cortés.

La firma internacional deberá evaluar los períodos de gobierno de los últimos diez años, incluyendo parte del actual, con el fin de encontrar hallazgos que permitan conocer las causas del desastre financiero en que se encuentra la municipalidad de San Pedro Sula.

Los diputados han aprobado esta semana un decreto por el que autorizan a la municipalidad de San Pedro Sula gestionar un endeudamiento hasta por 400 millones de lempiras para hacerle frente a la crisis financiera. Las arcas municipales están en rojo porque han sido embargadas sus cuentas por una compañía de nombre Sulambiente, producto de un fallo judicial que condenó a la municipalidad a indemnizar a esa empresa por más de 160 millones de lempiras por contrato incumplido respecto a la recolección de basura.

Los diputados cuestionan que la justicia castigó a la alcaldía con esta cuantía pese a que la empresa nunca ejecutó un solo trabajo ni "recogió ni una sola colilla de cigarro".

Para hacer efectivo el pago, la justicia ordenó el embargo de los ingresos en las casetas de peaje, situación que ha agravado aún más la crisis financiera.

Además, la alcaldía tiene compromisos con varios acreedores, con la DEI, el Seguro Social y el Infop y está a punto de recibir otras demandas.

Reunión

Una comisión de diputados de todas las bancadas sesionó ayer con el pleno de la Corporación Municipal para conocer los planes para sacar del estancamiento financiero de la municipalidad.

La comisión era encabezada por el presidente del CN, Juan Orlando Hernández, que explicó los motivos que motivaron la unanimidad del pleno para autorizar a la corporación edilicia a gestionar un endeudamiento de 400 millones de lempiras.

Hernández dijo que en el caso de San Pedro Sula hubo unanimidad, pero también se pidió que producto de la auditoría a la municipalidad se hicieran las respectivas acciones administrativas y judiciales contra los responsables del descalabro.

Indicó que los diputados "no podríamos dejar de la mano a las autoridades, sobre todo porque el pueblo sampedrano no se merece sufrir las consecuencias de las malas administraciones".

Hernández dijo que "con dolor por lo ocurrido en las finanzas de San Pedro Sula hemos tenido que actuar, buscando también que la situación mejore y eso dependerá en buena medida de la manera en que se vaya a gerenciar el municipio", afirmó.

En declaraciones a los medios de prensa, el diputado por Cortés, Marlon Lara, afirmó que de llegar al Congreso Nacional el contrato con Sulambiente, la bancada liberal votará en contra de su ratificación.

El pasado jueves, los diputados también instruyeron a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue si el juicio millonario de Sulambiente fue apegado a derecho. El contrato lo ganó Sulambiente en el período de Roberto Larios Silva, pero la administración de Óscar Kilgore declaró desierta la licitación.

Eso ocasionó que la empresa demandara por el incumplimiento de contrato, ganó la sentencia y se le ordenó a la comuna pagar 6,615,794 dólares, más los costos del juicio y la firma del contrato.

El diputado Carlos Martínez denunció que el poder de la empresa es tan grande que hasta en el diario oficial La Gaceta se publicó dicho contrato, en la sección de avisos legales, pese a que ni la municipalidad lo firmó y mucho menos lo aprobó el Congreso.