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Error fusionar secretarías de Defensa y Seguridad

2011 cerrará con 86 homicidios por cada cien mil habitantes. El 98 por ciento de crímenes quedan en la impunidad
25.10.11 - Actualizado: 25.10.11 09:34pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

Mejorar las políticas de seguridad y el respeto a los derechos humanos fue la voz que lanzó ayer la Alianza por los Derechos Humanos (ADH).

Honduras ha sido catalogado como el país más violento del mundo, según la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), organismo que reveló que en la actualidad se registran 82 homicidios por cada cien mil habitantes.

Las cifras se vuelven más escalofriantes cuando se visualiza la proyección, ya que al final de año se cerraría con 86 homicidios por cada cien mil habitantes.

Improvisación

Las violaciones a los derechos humanos se dan cada día, no solo por parte de la delincuencia común y el crimen organizado, generando el ambiente de inseguridad, sino también por la policía con ejecuciones extrajudiciales y su inocultable corrupción.

Según Wilfredo Méndez, coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), "el gobierno está improvisando en la política de seguridad, el problema no se va a mejorar cambiando a un ministro, sino cambiando la actitud y tomando las acciones correctas".

Méndez dijo además que "el mismo presidente (Porfirio Lobo) ha admitido su fracaso en materia de seguridad y que las personas que le rodean no le han servido".

La recomendación que este organismo hace al gobierno es "dar un giro en seguridad, no puede seguir teniendo un informe reactivo, debe incorporar el tema preventivo, de rehabilitación y reinserción".

Señaló las deficiencias y los errores de la seguridad, "no ha depurado la policía, no ha hecho más técnica ni más científica la investigación criminal, ahí es donde debe enfocarse para trabajar".

Impunidad

La ola de criminalidad sigue en aumento y con ella la impunidad de los homicidios.

El 98 por ciento de los crímenes no tienen judicialización, ni quien pague por ellos, dijo Juan Almendárez Bonilla, coordinador del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT).

Almendárez dijo que el 69 por ciento de la población es menor de 30 años, pero que "esa población joven es la que está pereciendo a causa de la criminalidad". "Estos crímenes quedan en la más completa impunidad", lamentó el coordinador del CPTRT.

El reciente crimen cometido en contra de dos universitarios, Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, es uno más de los que han abatido con el mismo patrón a centenares de hondureños, denunció.

Oposición a la fusión

El Ciprodeh, la CPTRT y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) hicieron saber ayer su oposición a la fusión entre las Secretarías de Seguridad y Defensa.

Wilfredo Méndez, Almendarez Bonilla y Andrés Pavón consideran que las Fuerzas Armadas "están entrenadas para la guerra", no para el trato con civiles.

"Lo que criticamos duramente es la política de un aparato represivo, incapaz y que la seguridad no es tarea de los militares, sino de políticas de Estado eficientes", expresó Almendárez Bonilla.

Entre tanto, Méndez mencionó que el efecto directo de esta fusión "será negativo, los militares no están formados para dar seguridad ciudadana, esto es propenso a las violaciones de los derechos humanos".

Para mejorar la seguridad recomiendan eliminar la impunidad y la desigualdad social.

Recomendaciones para seguridad

Depuraciones

En todos los cuerpos operadores de justicia, Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para bajar los índices de impunidad.

Plan Estratégico

Para volver científico, técnico y ética la labor de la Dirección General de Investigación Criminal. Convocar y hacer operar al Conasin con libertad, eficientando sus tareas.

Control de Armas

Establecer un verdadero control de armas, que sea estricto. Establecer estrategias regionales y suprarregionales para el combate del crimen organizado y poner a disposición de los tribunales a los policías infiltrados en estas organizaciones.

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Representantes de Codeh, Ciprodeh y CPTRT demandaron al gobierno que mejore la política de seguridad.
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