Diputados defienden separación de poderes

Este jueves continúa la discusión de la Ley del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial, en medio de la oposición de la denominada Alianza parlamentaria y miembros de otras bancadas del Congreso Nacional de Honduras.

La sesión, programada para iniciar a las 8:30 AM, fue retrasada debido a la ausencia de los diputados del partido Liberal, que desde temprano sostenían una reunión en el Palacio Legislativo.

La discusión de la ley, en su tercer y último debate, fue suspendida ayer en el artículo 23, que establece como facultad del Congreso Nacional nombrar al inspector e inspector adjunto de la Inspectoría General de Tribunales del consejo.

La Alianza parlamentaria, integrada por diputados afines al alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, y al ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Miguel Pastor, se opone a que dicha tarea recaiga en el Poder Legislativo.

"Es como que el Poder Ejecutivo nombrara al secretario y al presidente del Legislativo", expresó el diputado Antonio Rivera Callejas.

El legislador sostiene que la propuesta no está enmarcada en las facultades que otorga la Constitución de Honduras a los diputados en el artículo 205 y que por lo tanto el concurso para la elección de dichos funcionarios debe estar a cargo del Consejo de la Judicatura, en manos de la Corte Suprema de Justicia.

La redacción del artículo ha sido vista como una injerencia del CN sobre el Poder Judicial, por lo que otros legisladores se unieron a la oposición.

"El pueblo hondureño, en sus cuestionamientos hacia el Congreso está que dejen de meter la mano los políticos en el Poder Judicial y en lugar de escuchar al pueblo, mas bien seguimos cometiendo irregularidades, arbitrariedades e inclusive, abusos", manifestó Rivera.

La ley debe ser aprobada por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes del Congreso Nacional, lo que equivale a 84 diputados.

Empleados del Poder Judicial reclaman participación

La Asociación de Empleados del Poder Judicial reclamó su inclusión en el Consejo de la Judicatura, cuya creación discute el CN.

Mario Sales, presidente del tribunal de honor de la asociación, afirmó que 4,800 empleados quedarían desprotegidos si se aprueba la ley excluyendo su participación.

A criterio de Sales, procesos de análisis e investigaciones para ascensos, contrataciones y traslados no serían justos. "¿Qué va a pasar si los empleados no tienen representación ahí?", cuestionó.

De ser excluidos, los empleados advirtieron con realizar movilizaciones en defensa de sus derechos.