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Ocho acusados por actos de corrupción en Cohcit

A los imputados, incluidos dos excomisionados, les señalan seis delitos por el despilfarro de 40.7 millones
28.10.11 - Actualizado: 28.10.11 09:34pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

La Fiscalía contra la Corrupción interpuso ayer en el Juzgado de Letras Penal una acusación por irregularidades en el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (Cohcit).

Se imputa un rosario de delitos supuestamente cometidos por varios exfuncionarios de los gobiernos de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti.

Según el requerimiento fiscal, se acusa a Chester Rafael Sánchez Andino, exadministrador del proyecto Aprende, por falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

Además, la Fiscalía acusa a la excomisionada del Cohcit en el gobierno de Zelaya, Mirian Elizabeth Mejía, por falsificación de documentos públicos y tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y fraude.

Se incluyen en el requerimiento los exfuncionarios Carlos Argeñal Calderón, Esly Marina Alanis y Claudia López Soto, por falsificación de documentos públicos, violación de deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

La Fiscalía acusa, además, a la excomisionada del Cohcit en el gobierno de Micheletti, Desiree Rosales Cruz, por violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

El listado de acusados concluye con el empresario German Edgardo Velásquez, acusado por uso de documento falso y estafa, y el contador Johny Martínez Suazo, por falsificación de documentos públicos.

El requerimiento fiscal fue interpuesto por las fiscales anticorrupción Karla García y Pamela Tronconi.

El caso se debe a una contratación que hizo el Cohcit para el suministro de pupitres a aulas tecnológicas del proyecto Aprende.

La Fiscalía comprobó que se violentó la Ley de Contratación del Estado debido a que el Cohcit no ejecutó una garantía por incumplimiento de contrato por el proveedor, la empresa Velfors, informó García.

La entrega del mobiliario escolar no se dio y los pagos se desembolsaron por adelantado, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por 40.7 millones de lempiras. La Fiscalía pide al Juzgado citar a los imputados y proseguir con el juicio.

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Las fiscales contra la Corrupción, Karla García y Pamela Tronconi, investigaron el caso.
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