Para corregir 'falencias', Ramos Soto sugiere cercenar magistrados de CSJ

El diputado proyectista Oswaldo Ramos Soto dijo ayer que la reforma constitucional que crea el Tribunal de Justicia Constitucional no afecta la forma de gobierno y lamentó la multiplicidad de interpretaciones que varios sectores le están dando al tema.

La Carta Magna, en su artículo 373, establece que "la reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros.

El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia".

Según el proyecto entregado a los jefes de bancada, lo que se pretende es reformar los artículos constitucionales 308; 313 (numeral 5); 315 y reenumerar los artículos 317, 318, 319 y 320.

El artículo 308 es el que cercena la cantidad de magistrados, elque actualmente es de 15.

"La Corte Suprema estará integrada por 10 magistrados. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de la totalidad de sus miembros", dice la redacción del artículo en el proyecto.

Al respecto, el parlamentario, que fue presidente de la Corte Suprema, admitió que una de las intenciones de su reforma es reducir a diez el número de magistrados.

"Actualmente hay 15 magistrados y de repente uno se excusa, uno está enfermo y entonces tienen que llamar gente de afuera, en este aspecto hay una grave falencia en la estructura actual de la Corte Suprema de Justicia", argumentó el exrector universitario y expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Defensa

Ramos Soto considera que la reforma constitucional va en consonancia con las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad, que investigó los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.

"Es una falacia decir que el Tribunal Constitucional va ser un tribunal de última instancia con respecto a todas las decisiones, en todas las áreas jurídicas que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia", dijo el abogado constitucionalista a la emisora Hrn.

"Se denomina Tribunal Constitucional precisamente porque sería el encargado de impartir la justicia constitucional, o sea, los temas torales atinentes al fortalecimiento del Estado de derecho, a la preservación del principio de la supremacía de la Constitución y a la tutela de los derechos fundamentales", indicó.

El nuevo órgano atendería los recursos de hábeas corpus, hábeas data, amparo, inconstitucionalidad, revisión y, además, desempeñaría la tarea de ser árbitro que dirimiría los conflictos entre los poderes, "que precisamente es el talón de Aquiles que tiene la Sala de lo Constitucional, porque al resolver problemas ella puede convertirse en juez y parte si hay un conflicto entre la Corte y otro poder u otro alto órgano de Estado".

"Lo que se quiere por las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad, es que no se repitan las cuestiones de hace dos años en el país que causaron una situación muy grave, que puso en precario el Estado de derechos y las instituciones", dijo Ramos Soto.

Explicó que de haber habido un Tribunal de Justicia Constitucional en el año 2009, probablemente Manuel Zelaya hubiese terminado su mandato presidencial porque el organismo se hubiera encargado de impartir justicia.

Dijo que cuando ocurrieron los hechos del 28 de junio él se encontraba en Estados Unidos bajo tratamiento médico, así es que no se le puede acusar que con su voto contribuyó a la defenestración de Zelaya.

No obstante, dijo que él no estaba de acuerdo con el comportamiento de Zelaya.