Honduras
El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano, anunció por enésima vez que el contrato de compra de 100 megavatios de energía para la emergencia en varias regiones de Honduras será turnado al Congreso el próximo martes.
No es la primera vez que Martínez Lozano asegura que dicha contratación será enviada al Legislativo. Hace cuatro semanas se comprometió a turnar dicha compra al Legislativo, lo que generó una controversia.
Lo que circuló en el Legislativo fue un documento extraoficial que fue analizado por los técnicos de las diferentes bancadas, llegando a la conclusión que se trataba de un contrato leonino.
En este documento se indica que la compra directa de casi 100 megavatios de energía de parte de la ENEE a la empresa Wesport Finance LLC es para atender una "emergencia" en zonas rurales y que sería hábil en dos meses.
Dicho contrato tiene un duración de 16 años, una situación que ha puesto a los diputados en situación de alerta ya que no comprenden cómo es que una emergencia pueda durar tantos años y que comprometa a cuatro gobiernos más.
Según cuestionan diputados de oposición, el contrato no se apega al espíritu con que fue promocionado a los abonados de la región de occidente, valle del Aguán y Olancho, en virtud de que no ataca el problema de urgencia que tienen esas zonas y se transforma en otro contrato más de compra energía térmica que suscribe el gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano.
Asimismo, el contrato incorpora a Puerto Cortés como zona de generación con 24 megavatios, cuando esa ciudad nunca estuvo entre los sitios con profundos problemas de electricidad.
Al respecto, el diputado pinuista por Cortés, Toribio Aguilera, ha dicho que "en nombre de la emergencia se cometen actos de corrupción en Honduras".
Aguilera hizo un llamado de atención a sus compañeros de cámara a estar "alertas" ante la presentación en el pleno del cuestionado contrato.
Aguilera dijo que esa compra de energía "es un verdadero crucigrama" del que poco se entiende". Sin embargo, el gerente de la ENEE, en una comparecencia esta semana en el programa Frente a Frente, de Canal 5, explicó que el contrato "es claro y transparente".
Indicó que no se ha negociado con ninguna empresa de maletín y eso lo puede corroborar la Embajada de Estados Unidos, a la que se le ha pedido que certifique el nivel de prestigio y de estabilidad de la empresa que ha contratado la ENEE para el suministro de los 100 megavatios.
Martínez Lozano se comprometió ese día (el miércoles) a publicar en el portal de la ENEE el contenido de dicho documento, compromiso que no cumplió.
Además, aseguró que "en las próximas horas" el contrato sería remitido al Congreso Nacional por el secretario de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Rigoberto Cuéllar, cosa que tampoco se produjo.
Y mientras el gerente de la estatal vacila en turnar al Legislativo el criticado contrato, diputados de la denominada Alianza Parlamentaria Nacionalista hicieron un llamado a los miembros de la comisión de Energía del CN, a los jefes de bancada, diputados, presidentes del Legislativo y del Ejecutivo, al Tribunal Superior de Cuentas y a la Procuraduría General de la República para que examinen detenidamente la documentación relacionada con la contratación de energía sucia que pretende hacer la ENEE por 100 megavatios.
"Ya nos hicieron caer en la gran trampa de la emergencia como hacen siempre cuando nos traen contratos aquí de compras de medicina, cuando ya no hay medicinas en los hospitales y nos dicen, miren, si no aprueban eso se muere la gente, y ahora dicen que occidente y Olancho están a oscuras y nos traen contratos sin mayor información", denunció el diputado del Pinu, Toribio Aguilera.
ENEE pide más presupuesto al CN
El gerente de la ENEE, Roberto Martínez, aseguró ante las comisiones de presupuesto que los 24,300 millones de lempiras asignados para 2012 no son suficientes para las operaciones de esa entidad.
Martínez solicitó una adición de mil 300 millones de lempiras, unos 600 millones para la creación de subgerencias regionales, 400 millones para las reparaciones en la infraestructura de la represa El Cajón, 20 millones de contraparte al programa Promef, del Banco Mundial, y el resto en la continuidad de los proyectos de generación de energía eólica, biomasa y solares como proyectos privados alternativos del gobierno.
Esta semana, el CN le aprobó una ampliación de 90 millones para tres subgerencias regionales.