OABI debe rendir cuentas sobre la narcoavioneta

El gobierno advirtió ayer que las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) deben "dar cuentas" sobre la narcoavioneta que fue reparada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) para asignarla, supuestamente, a los miembros del Congreso Nacional (CN).

Según informaciones en poder de EL HERALDO, funcionarios del Poder Legislativo llegaron a un acuerdo verbal con miembros de la Secretaría de Defensa para que una narcoavioneta en poder de la Fuerza Aérea Hondureña fuera utilizada por el Congreso.

La aeronave había sido traspasada por la OABI a las autoridades de la FAH para que se encargaran de su resguardo en la instalación militar.

Consultada sobre el tema, la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, afirmó que "tendría que ser la actual administración (de la OABI) la que dé cuentas de ese tema".

El pasado 1 de noviembre el gobierno aprobó en Consejo de Ministros el reglamento interno de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, que tras haber sido cercenada del Ministerio Público (MP) pasó al ministerio de la Presidencia.

Guillén indicó que el decreto aprobado a inicios de noviembre establece que el Ministerio de la Presidencia se hará cargo de la OABI, sin embargo, señaló que aún no se realiza el proceso de transición de dicha dependencia al Poder Ejecutivo. La OABI fue traspasada al Ministerio de la Presidencia luego de que el Congreso Nacional aprobara la controversial Ley de Eficiencia del Gasto Público que ordena el traslado de la institución al Ejecutivo como medida para eficientar el ingreso de recursos al engranaje estatal.

Narcoavioneta

De acuerdo a las informaciones en poder de EL HERALDO, tras el acuerdo verbal entre Defensa y el Congreso Nacional se escogió una avioneta Beechccraft King Air modelo 200.

La aeronave habría sido reparada por un técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El servicio consistió en reparar los dos motores. Las diligencias estaban tan avanzadas para hacer el traspaso que para esta semana estaba previsto que se hiciera pruebas de vuelo con el avión.

Personal de la OABI, tras conocer la denuncia de EL HERALDO, inspeccionó el lunes pasado las aeronaves que cedió mediante contrato a la Fuerza Aérea para conocer si algunas de estas ha sido reparadas para que el Congreso la utilice.

El Beechcraft King Air modelo 200, de fabricación estadounidense, tiene capacidad para siete pasajeros y una autonomía de vuelo de ocho horas.

Desarrolla una velocidad de 536 kilómetros por hora y su capacidad de carga llega a las 2,487 libras, lo que la hace una aeronave con características idóneas para el transporte de droga.

Contrato

El contrato firmado entre OABI y la FAH establece que la institución armada será la depositaria de las naves para que las cuide, les dé mantenimiento y las pueda usar en el combate al crimen organizado. Esto indica que las narcoavionetas no pueden ser utilizadas en funciones distintas a la lucha del tráfico de drogas.

El inventario de avionetas cedidas mediante el acuerdo es de 24, pero solo cuatro están en condiciones óptimas para alzar vuelo. A una de esas naves se le instalará un radar especial para detectar vuelos ilegales de aviones que transporten droga.

El comandante de la Fuerza Aérea, Ruiz Pastor Landa, aseguró que no se les está dando mal uso a los aparatos, con lo que descartó que una de estas se haya reparado para traspasarla al Congreso. "Ni podemos venderlas ni regalarlas ni prestarlas porque todavía estamos en proceso de uso, guardia y custodia", aseguró el oficial de aviación.

Aceptó que el Congreso Nacional ha gestionado fondos para la reparación de los aviones entregados por la OABI.

"Lo que hace el Congreso es gestionar fondos para que esas aeronaves sean usadas en el combate al narcotráfico", indicó.

Infructuso y caro decomiso de avionetas

El decomiso o aseguramiento de narcoavionetas no ha servido para la lucha contra el narcotráfico.

De las 24 aeronaves que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) ha traspasado a la Fuerza Aérea Hondureña, ninguna es usada para hacer operativos, para vigilar que los cielos hondureños sean usados para movilizar sustancias prohibidas.

La mayoría de las avionetas no reciben mantenimiento por lo oneroso que resulta, por lo que estas permanecen en instalaciones militares deteriorándose más.

El Estado todavía no puede declararse dueño de los aviones porque estos son piezas de convicción de juicio de tráfico de drogas o lavado de activos.

Si la justicia hondureña determina que los aviones no fueron utilizados en actividades ilegales deben regresarse a quienes acrediten ser sus dueños.