Piden cadena perpetua para policías corruptos

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, pidió este miércoles la aprobación inmediata de cadena perpetua para agentes del orden involucrados en muertes extrajudiciales.

En conferencia de prensa, Custodio difundió el contenido de un oficio enviado al Congreso Nacional de Honduras, solicitando la tipificación de los delitos y la aprobación de la pena máxima a autoridades policiales involucradas en actos irregulares.

El ombudsman recordó la indignación del pueblo hondureño "que exige respuestas prontas y eficaces de parte de sus autoridades" a raíz de la red de corrupción destapada al interior de la Policía Nacional.

El Conadeh pide la "aprobación inmediata de las figuras penales por los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada que por su gravedad deben ser sancionadas con la pena de prisión de por vida".

El organismo condena que existen autoridades policiales que "abusando de la autoridad con que han sido investidos, tienen un aparato organizado de poder que de hecho les otorga licencia para atentar contra el sagrado derecho a la vida de las personas", gozando de impunidad "con un sospechoso desempeño de sus superiores y de operadores de otros componentes del sistema de justicia".

"Por tratarse de delitos conexos que de hecho ocurren y permancen sin juzgamiento, pido también que la pena máxima de privación de libertad debe aplicarse también a la asociación ilícita para delinquir como parte del narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito e injustificado, tráfico de influencias y cualquier forma del crimen organizado", agrega.

Asimismo, cuestionó "la indecisión de las autoridades" para efectuar "la intervención (como) un condicionante obligado de la depuración policial", pese a la "falla grave en las instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales de la persona humana y sus bienes jurídicos y materiales".

Por tal razón, "proponemos entonces que sea todo el pueblo el que decida mediante plebiscito o referéndum, según sea el caso, aunque ello signifique contravenir el criterio de oportunidad y de pertinencia".

Finalmente, Custodio solicita a los diputados "una pronta y eficaz respuesta".

El escándalo de corrupción dentro de la Policía Nacional de Honduras fue develado tras el crimen contra dos jóvenes universitarios el pasado 22 de octubre.

Carlos David Pineda Rodríguez (estudiante de Derecho) y Rafael Alejandro Vargas Castellanos (hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos), fueron asesinados por agentes policiales, que posteriormente trataron de contaminar la investigación.

En el crimen estarían involucrados al menos ocho policías asignados al distrito policial 1-6 del barrio La Granja de Comayagüela.

Dicho distrito, al igual que el 1-5 del barrio Belén, fue expuesta una red de policías corruptos que se encuentran bajo investigación por delitos como robo de vehículos, secuestro, sicariato, asalto a mano armada y cobro de "impuesto de guerra", entre otros.